La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma han protagonizado un movimiento decisivo en el escenario político y económico del país al enviar una carta documento dirigida formalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello. El objetivo central de esta notificación es impugnar de manera formal la Resolución 4/2026, normativa a través de la cual el Poder Ejecutivo estableció el nuevo valor que regirá para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Ante este escenario de tensión institucional, ambas centrales obreras han manifestado una postura inflexible, exigiendo que el Gobierno nacional proceda a convocar nuevamente —y de manera presencial— al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. La fundamentación de este reclamo descansa en la firme convicción de que el procedimiento instrumentado por la administración central estuvo plagado de irregularidades, sumado a que el monto definitivo decretado resulta profundamente insuficiente frente al constante y sostenido incremento del costo de vida que golpea a los hogares argentinos.
Cuestionamientos legales y vicios de nulidad
Desde la perspectiva jurídica sostenida por las organizaciones gremiales en su presentación, la resolución gubernamental carece de toda validez legal al calificarla expresamente como "nula de nulidad absoluta e insanable". Los fundamentos esgrimidos detallan con precisión que la fijación del salario mínimo se realizó prescindiendo de los pasos obligatorios previstos por la Ley 24.013, omitiendo además fundamentar de manera adecuada los criterios técnicos y económicos utilizados para definir los incrementos salariales.
Para respaldar esta acusación de ilegalidad, el documento remarca que la decisión oficial adoptada por el Ejecutivo omitió deliberadamente contemplar dos variables fundamentales:
La evolución real de la inflación en el período correspondiente.
Los objetivos constitucionales y legales ineludibles que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cumplir obligatoriamente para garantizar una vida digna.
La brecha inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo
El núcleo del reclamo sindical encuentra su respaldo en indicadores económicos alarmantes que exponen la asfixia financiera de los sectores asalariados. De acuerdo con los datos oficiales y las mediciones presentadas en la carta documento, la situación a agosto de 2026 presenta un panorama crítico:
La inflación interanual trepó hasta alcanzar el 33,3%.
El salario mínimo experimentó un incremento marginal de tan solo el 16,96% en idéntico período temporal.
Esta asimetría profunda genera, según advierten las entidades, una acelerada pérdida del poder adquisitivo. Como consecuencia directa de esta brecha, el SMVM queda relegado y ubicado por debajo de la Canasta Básica Total, un fenómeno que impacta de manera focalizada y destructiva sobre los trabajadores de menores ingresos, agravando drásticamente las condiciones de subsistencia y cotidianidad de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hacia la recuperación del diálogo social y el debate participativo
En el texto remitido a la cartera de Capital Humano, las CTA profundizan su crítica al denunciar que el Consejo del Salario ha sido desvirtuado en sus funciones esenciales, operando en la práctica como una instancia meramente formal. Frente a esta distorsión, los representantes de los trabajadores exigen que se restituya y garantice un proceso real de negociación y diálogo social.
La exigencia apunta a que los actores involucrados posean las garantías necesarias para presentar propuestas, discutir alternativas y buscar acuerdos efectivos. Para las centrales, resulta inadmisible que un asunto tan sensible como el piso salarial surja de decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo, reclamando en su lugar que el debate sea estrictamente transparente y participativo.
El ultimátum y las medidas a futuro
Finalmente, la misiva formal enviada por las centrales obreras incluye un emplazamiento perentorio y una advertencia de carácter legal. Las CTA intiman de forma directa a la ministra Sandra Petovello a cumplir con dos mandatos ineludibles en un plazo máximo de 48 horas:
Convocar nuevamente al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Revisar de manera urgente el monto establecido para el SMVM.