Caso LIBRA: el Gobierno, a la defensiva ante nuevas pruebas
La aparición de peritajes sobre los contactos del lobista Mauricio Novelli con el círculo presidencial ha desatado una crisis interna en Balcarce 50, que busca desesperadamente evitar que la causa alcance a los hermanos Milei.

La postura oficial ante la tormenta judicial

Dentro de la Casa Rosada, la estrategia comunicacional y política se sostiene sobre un eje inamovible: la inexistencia de participación de Javier Milei tanto en el desarrollo técnico como en la operatoria financiera de $LIBRA. Bajo este argumento, el Gobierno insiste en que las revelaciones surgidas recientemente no alteran, en absoluto, la situación judicial del Presidente. Desde febrero de 2025, la línea defensiva oficial ha mantenido una coherencia estricta, intentando desvincular cualquier contacto previo o posterior entre el entorno presidencial y los responsables del activo digital que generó pérdidas a los inversores por al menos US$ 100 millones. Sin embargo, fuentes oficiales admiten que, aunque la tranquilidad predomina en algunos despachos que aseguran que "no hay nada en el fondo de la cuestión" que comprometa penalmente al jefe de Estado, existe una realidad paralela: el impacto mediático y político de la difusión de estos registros ha generado un desgaste significativo en la narrativa gubernamental.

El alcance de los peritajes de la DATIP

La pieza central que ha reactivado la preocupación en los pasillos de Balcarce 50 proviene de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El equipo de expertos del Ministerio Público Fiscal realizó un análisis exhaustivo de los dispositivos móviles del lobista Mauricio Novelli, logrando extraer una serie de comunicaciones críticas. Entre los hallazgos más sensibles se destaca el periodo temporal en el que se detectaron múltiples intercambios comunicacionales entre Novelli e integrantes del círculo presidencial, específicamente durante las horas previas y posteriores al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025. El fiscal Eduardo Taiano mantiene esta evidencia bajo su órbita desde el pasado enero, otorgándole un peso probatorio que el Gobierno intenta minimizar. Ante este escenario de riesgo, sectores de alta sensibilidad en el Ejecutivo han calificado como "lo peor que les podría pasar" una eventual citación judicial a Javier y Karina Milei, admitiendo que utilizarán todos los recursos a su alcance para impedir que dicho escenario se materialice.

Tensiones internas y reconfiguraciones ministeriales

El nuevo material probatorio no solo ha forzado una respuesta externa, sino que ha desatado una serie de fricciones internas sobre el control del manejo político-judicial del caso. Algunos funcionarios han atribuido la aparente "pérdida de control" de la situación a la reciente reestructuración en el Ministerio de Justicia con la asunción de Juan Bautista Mahiques y el consecuente desplazamiento de Sebastián Amerio del cargo de viceministro. Esta situación ha generado interpretaciones contrapuestas en el oficialismo: mientras que desde el entorno del consultor Santiago Caputo se sugiere que el vínculo previo con la Justicia, bajo la gestión de Amerio, era más eficiente para la protección del Presidente, planteando dudas sobre la capacidad de Mahiques para replicar esa función, en el espacio que responde a Karina Milei rechazan de plano esa interpretación. Estos sectores aseguran que los avances judiciales no están vinculados con los cambios en la estructura ministerial, desestimando la hipótesis de una relación causal directa.

La mirada puesta sobre Lijo y Martínez de Giorgi

Finalmente, la estrategia de contención se extiende hacia otros frentes judiciales. El Gobierno mantiene una vigilancia atenta sobre el juez Ariel Lijo, quien instruye la causa por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras busca establecer canales de diálogo más fluidos con la Corte Suprema. En este tablero de ajedrez judicial, la figura del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, responsable del expediente de $LIBRA, cobra un protagonismo especial. Versiones internas dan cuenta de que el magistrado habría dejado explícitamente sentado que no mantendrá ningún tipo de comunicación con el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, marcando un límite claro en la relación institucional entre el Poder Ejecutivo y el juzgado interviniente.