La investigación judicial que rodea al lanzamiento y promoción del activo digital denominado $LIBRA ha ingresado en una fase de definiciones críticas para el entorno presidencial. En las últimas horas, el fiscal federal Eduardo Taiano impulsó una serie de medidas de prueba tendientes a esclarecer la naturaleza del vínculo entre el presidente Javier Milei y el empresario tecnológico Hayden Davis. El eje de la pesquisa se centra en confirmar si existió un acuerdo formal, aunque de carácter confidencial, para el desarrollo de soluciones tecnológicas en el ámbito de la economía digital argentina, un movimiento que ha despertado sospechas sobre la transparencia en la gestión de nuevas tecnologías.

Para avanzar en esta línea, el Ministerio Público Fiscal remitió un requerimiento formal de información a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, organismo que se encuentra bajo la órbita directa de la Secretaría General de la Presidencia. La Justicia busca determinar si en los registros oficiales de la Casa Rosada figura algún convenio relativo a la implementación de innovaciones tecnológicas y al aprovechamiento de las oportunidades que la economía digital ofrece al país. Este pedido surge ante la presunción de que el Estado nacional habría buscado consolidar un entendimiento estratégico que, hasta el momento, carece de los respaldos administrativos de rigor.

El convenio del 30 de enero y la controversia administrativa

La pieza central que motiva el pedido de informes es un documento que, según las constancias que obran en la causa, habría sido rubricado el 30 de enero de 2025. Dicha firma se habría producido durante una visita del empresario Hayden Davis al país, en la cual se habría estipulado que el titular de la firma actuaría como asesor ad honorem del Estado argentino en diversas áreas vinculadas a la innovación. No obstante, la existencia de este pacto ha sido sistemáticamente negada por las vías administrativas habituales, lo que ha generado un fuerte cruce de versiones entre el expediente judicial y las respuestas del Poder Ejecutivo.

Ante consultas periodísticas previas y pedidos de acceso a la información pública, la Secretaría General de la Presidencia respondió de manera oficial que en esa dependencia no obra registro de convenio o proyecto alguno que coincida con los términos del requerimiento. Esta aparente orfandad documental llevó a los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade a solicitar formalmente que estas negativas administrativas sean incorporadas al expediente como prueba documental. La estrategia de los legisladores apunta a exponer una posible contradicción entre las acciones de gobierno y la publicidad de los actos administrativos, especialmente en un área tan sensible como la asesoría tecnológica de alto nivel.

Pericias tecnológicas: rastro de mensajes borrados

En simultáneo con los pedidos a la Casa Rosada, la causa ha incorporado evidencia técnica de alto impacto proveniente de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. Los expertos realizaron peritajes informáticos exhaustivos sobre los dispositivos electrónicos secuestrados al lobbista Mauricio Novelli y al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. El análisis técnico arrojó un dato que encendió las alarmas de la fiscalía al detectarse una gran cantidad de conversaciones eliminadas en los teléfonos analizados, identificadas mediante el símbolo de la papelera o la marca explícita de borrado, lo que sugiere un intento deliberado por interrumpir la trazabilidad de las comunicaciones.

A pesar de estas maniobras de ocultamiento, los especialistas lograron recuperar parcialmente ciertos intercambios de interés. En el dispositivo de Novelli se registraron dos conversaciones por WhatsApp con Javier Milei y una mediante Instagram, además de contactos frecuentes con Karina Milei. Con respecto a Hayden Davis, apareció una conversación en Instagram cuyo contenido aún no es visible. Resulta particularmente relevante para el fiscal Taiano el hallazgo de mensajes vinculados al lanzamiento del token investigado y comunicaciones destinadas a coordinar la difusión de comunicados para "despegar" al Presidente de la maniobra, justo cuando en redes sociales comenzaba a advertirse sobre una posible estafa de tipo "rug pull".

Raíces en 2021: de los cursos de trading a la gestión pública

La investigación no se limita al presente institucional, sino que ha logrado reconstruir los antecedentes de la relación entre los implicados mediante el hallazgo de archivos en una computadora peritada. Se trata de materiales en formato PDF utilizados para cursos de trading dictados en el año 2021, época en la que el actual mandatario brindaba clases magistrales sobre los fundamentos técnicos de las criptomonedas. Este vínculo preexistente permite a la justicia trazar una línea de tiempo que conecta la actividad privada anterior de los involucrados con las decisiones de gestión tomadas a partir de 2025.

La fiscalía investiga ahora si el lanzamiento del activo digital $LIBRA y su posterior promoción fueron el resultado de estas relaciones previas y si existieron beneficios económicos o maniobras irregulares vinculadas al aparato estatal. Con los nuevos datos obtenidos de las pericias y la inminente respuesta que debe brindar la Presidencia de la Nación, el expediente entra en una etapa de definiciones sobre la transparencia de los acuerdos confidenciales y el uso de influencias en el ecosistema de los criptoactivos.