El fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, ha formalizado una citación clave para el exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, con el objetivo de que preste declaración testimonial en sede judicial. Esta medida surge tras la difusión de una serie de manifestaciones públicas a través de redes sociales y mensajes de audio, en los que el exjefe comunal denunció ser víctima de una supuesta persecución política.
La Justicia busca profundizar en el contenido de estas expresiones, donde Guaraz aseguró poseer información sensible sobre el asesinato del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, lanzando acusaciones directas contra figuras centrales del oficialismo provincial. En sus declaraciones, el ahora condenado señaló explícitamente al gobernador Raúl Jalil y a la diputada nacional Lucía Corpacci como supuestos instigadores del crimen que conmovió a la sociedad catamarqueña.
La investigación que encabeza Hugo Costilla intenta determinar si los dichos de Guaraz constituyen un aporte real al esclarecimiento del homicidio o si se trata de una maniobra distractiva ante su inminente ingreso al sistema penitenciario. La gravedad de vincular al poder político con un asesinato obliga a la fiscalía a tomar declaración formal y registrar cada detalle de sus acusaciones, pese a que sobre el declarante pesa la sombra de una condena por un delito de violencia sexual.
El testimonio se vuelve una pieza determinante para el curso de la causa Rojas, mientras el Ministerio Público investiga los audios donde el exintendente vinculó el ejercicio del poder con el desenlace fatal del exministro.
La comparecencia de Guaraz se produce en un contexto de extrema tensión legal, ya que ocurre de manera simultánea con los avances en su situación penal personal. Mientras se lo cita para indagar sobre sus dichos, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación ha solicitado formalmente su inmediata detención para que comience a purgar una pena de 9 años de prisión por una causa de abuso sexual.
Esta sentencia lo halló culpable de delitos contra la integridad sexual y privación ilegítima de la libertad, lo que genera un contraste absoluto entre su rol de "denunciante" en el caso Rojas y su condición de condenado por la justicia provincial.
Frente a esta orden de detención, la defensa técnica liderada por el doctor Diego Quinteros Martínez ha adelantado una estrategia legal para evitar que su defendido sea trasladado al servicio penitenciario de inmediato. El abogado adelantó que presentará un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que el máximo tribunal del país intervenga y logre frenar la ejecución de la pena privativa de la libertad. Este movimiento judicial busca dilatar el cumplimiento de la condena de nueve años, mientras el país observa con atención este cruce entre una causa de abuso sexual con sentencia firme y un magnicidio ministerial que todavía busca respuestas definitivas y justicia.