La exsenadora nacional Inés Blas, referente política de estrecho vínculo con la actual diputada nacional Lucía Corpacci, intervino de manera contundente en la polémica generada por las recientes declaraciones públicas de Elpidio Guaraz. El exintendente de Bañado de Ovanta, a través de diversos posteos en sus redes sociales, ha intentado vincular su situación procesal con una supuesta represalia del poder político provincial, alegando que su detención es una consecuencia directa de poseer información sensible sobre el crimen del exministro Juan Carlos Rojas. Ante este escenario, Blas fue tajante al desvincular cualquier trasfondo ideológico o de revancha estatal de la sentencia que pesa sobre el exjefe comunal.
La exlegisladora sostuvo que el intento de Guaraz por posicionarse como un perseguido político es una estrategia deliberada para desviar la atención pública del verdadero motivo de su reclusión. En este sentido, Blas puntualizó con firmeza que el acusado "no fue condenado por razones políticas", sino que, por el contrario, "fue condenado por abuso sexual, con pruebas y un proceso judicial" que cumplió con todas las garantías de ley. Con estas palabras, la dirigente buscó subrayar que la decisión de la Justicia responde estrictamente a hechos delictivos concretos y probados, y no a una maniobra de silenciamiento institucional por sus supuestos conocimientos sobre el caso Rojas.
Para Inés Blas, la narrativa que intenta instalar el condenado no solo carece de sustento jurídico en el expediente, sino que representa un agravio moral hacia quienes sufrieron sus acciones. La exsenadora calificó como una auténtica "falta de respeto", tanto para las víctimas como para el sistema judicial, el hecho de pretender "disfrazar" una condena por violencia sexual como si se tratara de una persecución orquestada desde las esferas del poder. Según su análisis, este tipo de defensas mediáticas constituyen un intento de deslegitimar el trabajo de los tribunales que actuaron bajo los protocolos correspondientes para dictar la sentencia de nueve años de prisión.
La exlegisladora enfatizó la importancia de no permitir que se confunda a la sociedad con argumentos que minimizan la gravedad de los delitos contra la integridad sexual. Al respecto, sostuvo que intentar transformar un caso de índole criminal en una disputa de poder es una maniobra que ignora el dolor de la parte damnificada y el esfuerzo de los órganos de justicia por alcanzar una resolución basada en la evidencia. Blas fue clara al señalar que el proceso judicial gozó de todas las instancias de revisión y que, por lo tanto, la condena es el resultado de un camino institucional transparente y no de una supuesta trama conspirativa.
Finalmente, la exsenadora cerró su descargo con una fuerte reflexión sobre el rol de las influencias y el peso del estatus público en el ámbito judicial de la provincia. En un mensaje cargado de simbolismo y con una marcada perspectiva de género, celebró que la estructura de poder tradicional que históricamente rodeó a figuras como la de un intendente no haya sido suficiente para inclinar la balanza o silenciar el reclamo de justicia. "Como mujer, celebro que por una vez el poder no haya alcanzado para tapar un abuso", concluyó la referente nacional.
Con esta declaración, Blas reafirmó la importancia de que la verdad judicial prevalezca por sobre las jerarquías políticas, enviando un mensaje de respaldo a la independencia de los jueces y, fundamentalmente, a la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual. Para la exlegisladora, la detención de Guaraz marca un precedente necesario donde la responsabilidad penal se impone ante cualquier intento de utilizar la política como un escudo protector frente a crímenes de tal magnitud.
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