En una jornada de alta intensidad política, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó este miércoles una reunión estratégica con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. El encuentro, desarrollado en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, no fue un hecho aislado, sino que expuso con nitidez la táctica oficial de priorizar la negociación bilateral con las provincias en detrimento de los acuerdos colectivos entre mandatarios.
La cita contó con una mesa técnica y política de peso, de la que participaron también el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Hacienda de la provincia de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini. La relevancia de esta reunión se vio potenciada por un hecho paralelo: la suspensión del mitin de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Dicho encuentro había sido convocado originalmente con el fin de que las provincias consensuaran una postura común frente al paquete de reformas estructurales que el Ejecutivo nacional busca sancionar durante el período de sesiones extraordinarias.
La coincidencia temporal ha sido interpretada por los analistas como un movimiento quirúrgico del Gobierno. Mientras los gobernadores veían frustrada su instancia de coordinación federal, la Casa Rosada avanzaba en el trato directo con una de las piezas clave del tablero provincial, fragmentando así cualquier intento de frente unido y reforzando su capacidad de disciplinamiento en el ámbito legislativo.
Durante el cónclave entre Adorni y Valdés se analizaron los ejes centrales de la agenda que el oficialismo pretende imponer en el Congreso de la Nación. Entre los puntos más sensibles de la discusión se encuentran:
- Reforma Laboral: una de las iniciativas pilares del Gobierno de Javier Milei, que actualmente atraviesa tensas negociaciones y enfrenta la resistencia de sectores sindicales y bloques opositores.
- Régimen Penal Juvenil: el proyecto que propone una modificación estructural al sistema de castigos, centrando el debate en la reducción de la edad de imputabilidad.
De acuerdo con lo informado, el bloque de La Libertad Avanza, en conjunto con sectores denominados "dialoguistas", tiene la firme intención de sancionar este jueves en la Cámara de Diputados el nuevo régimen penal para menores. Esta iniciativa vuelve a colocar en el centro del escenario público la discusión sobre la seguridad, las políticas punitivas y los derechos de la niñez.
Al respecto, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, ratificó el cronograma de trabajo legislativo. El objetivo es emitir dictamen durante este miércoles para llevar el debate al recinto el jueves 14. Ritondo aclaró que la fijación de la edad de imputabilidad en los 14 años no es una decisión unilateral reciente, sino el fruto de un consenso alcanzado el año pasado entre el oficialismo y sectores de la oposición, a pesar de que la medida sigue cosechando cuestionamientos por parte de especialistas y organismos de derechos humanos.
Presión oficial y el desgranamiento de los gobernadores
El escenario actual revela una apuesta deliberada del Gobierno libertario por debilitar los espacios de deliberación federal. Al suspenderse la cumbre en el CFI, ha quedado al descubierto la creciente dificultad de los mandatarios provinciales para articular una respuesta institucional conjunta frente a un Ejecutivo que no detiene su marcha.
La lógica de la Casa Rosada parece centrarse en aprovechar las urgencias financieras de las provincias en un marco de fuerte ajuste fiscal. Al fomentar acuerdos individuales, el Gobierno reduce significativamente el margen de resistencia colectiva y acelera los tiempos para convertir en ley reformas que poseen un alto impacto social y laboral. Esta fragmentación política y territorial es el caldo de cultivo para que el Congreso se vea condicionado por acuerdos tácticos de corto plazo y necesidades de gobernabilidad inmediatas.
En definitiva, la reunión entre Manuel Adorni y Juan Pablo Valdés simboliza el éxito de una gestión que, lejos de buscar un pacto federal amplio, prefiere la atomización de sus interlocutores para consolidar un cambio estructural que redefine las relaciones de poder entre la Nación y las provincias argentinas.