Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza de Nueva York Loretta Preska que establezca fechas concretas para avanzar en una eventual declaración de desacato y en la aplicación de sanciones económicas contra la Argentina, a raíz de las demoras en la entrega de chats, mensajes y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios.
El planteo, presentado este miércoles, se inscribe en la estrategia que vienen desplegando los demandantes —los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital— desde que obtuvieron una sentencia favorable por US$16.000 millones y el Estado argentino resolvió apelar el fallo.
Según indicaron en su presentación, la Argentina estaría recurriendo a "maniobras dilatorias" y no habría cumplido en tiempo y forma con las órdenes judiciales vinculadas a la producción de comunicaciones digitales.
En escritos anteriores, los beneficiarios del fallo ya habían advertido que estaban dispuestos a avanzar hacia una declaración de desacato, con el riesgo de que se multipliquen las multas. Incluso, el abogado de los demandantes había anticipado en audiencia que, si el país persistía en no entregar los mensajes requeridos, impulsarían la ejecución de la orden y solicitarían sanciones, incluidas presunciones adversas y multas monetarias.
Ese escenario comenzó a materializarse esta semana con un pedido concreto: que Preska fije un cronograma para sustanciar el desacato y definir eventuales penalidades.
El trasfondo del conflicto se mantiene sin cambios. Los demandantes buscan demostrar que organismos como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como "alter egos" del Estado argentino, lo que podría habilitar embargos. Para sostener ese planteo, reclaman el acceso a intercambios digitales de funcionarios que, a su entender, evidenciarían cómo se canalizan las decisiones entre esas entidades y el Poder Ejecutivo.
En una presentación previa, los beneficiarios del fallo apuntaron contra varios funcionarios, entre ellos Sergio Massa, Luis Caputo y Pablo Quirno, a quienes acusaron de negarse a entregar sus chats. También señalaron que otros cuatro funcionarios rechazaron hacerlo y que varios ni siquiera respondieron al requerimiento cursado por el propio Gobierno nacional.
La controversia escaló cuando, pese a una orden expresa de Preska para que hubiera avances, los demandantes sostuvieron que la información seguía siendo entregada "a cuentagotas". En ese contexto, recordaron que ya habían advertido a la jueza sobre su disposición a avanzar con pedidos de sanciones monetarias u otro tipo de medidas.
La presentación de esta semana incorpora un elemento adicional: un calendario procesal. En la carta enviada al tribunal, los demandantes solicitaron que se fije un cronograma para el tratamiento del desacato y las sanciones asociadas a la presunta falta de producción de "off-channel communications", es decir, comunicaciones realizadas por fuera de los canales oficiales.
Propusieron que la moción se presente el 15 de enero, la respuesta argentina el 19 de febrero y la réplica el 5 de marzo. La Argentina manifestó su consentimiento con ese esquema.
Además, reiteraron el pedido para que la jueza reserve espacio para una audiencia probatoria sobre la cuestión, una solicitud que ya habían planteado en la audiencia del 9 de diciembre. Según explicaron, allí podrían discutirse las razones por las cuales el país sostiene que no tiene acceso al material requerido. La defensa argentina, en cambio, dejó constancia de su oposición a "una audiencia probatoria indefinida y prematura" y señaló que los demandantes no precisaron alcance, testigos ni objetivos de esa instancia.
Desde la Procuración del Tesoro insistieron en que los dispositivos involucrados son personales y que su entrega depende de la aceptación voluntaria de cada funcionario. En documentos previos, el Estado argentino informó que hubo colaboraciones parciales de algunos involucrados y detalló los nombres de quienes aún no confirmaron su participación en el proceso.
Preska ya había establecido la necesidad de mostrar avances y fijó audiencias para el 10 y el 29 de enero, mientras evalúa los próximos pasos. En paralelo, la Corte de Apelaciones analiza el planteo central de la Argentina contra el fallo por la expropiación de YPF, una causa que sigue generando atención en todo el país, incluidas provincias con intereses energéticos y productivos como Catamarca.