En una nueva audiencia del juicio por la denominada causa Cuadernos, la fiscal Fabiana León contestará este jueves los planteos presentados por las defensas de los imputados, en un proceso que atraviesa una etapa decisiva. El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOF 7), donde la acusación buscará no sólo responder a las objeciones preliminares sino también imprimir mayor celeridad al trámite.
La audiencia se inscribe en un contexto de fuerte ofensiva por parte de las defensas, que desde la reanudación del proceso tras la feria judicial concentraron sus intervenciones en cuestionar la validez del juicio. En total, 55 defensas, que representan a 68 imputados, formularon planteos preliminares que ahora deberán ser contestados de manera integral por la fiscalía.
Objeciones múltiples y estrategia común
Desde la reapertura del debate oral, todas las audiencias se destinaron a escuchar las objeciones de los abogados defensores. Entre los principales puntos cuestionados figuran:
La legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para intervenir en el caso.
La constitucionalidad y aplicación del régimen del imputado colaborador, establecido en la Ley N°27.304.
La nulidad de diversos actos procesales.
Recusaciones a los jueces del tribunal.
Las defensas desplegaron una estrategia similar, orientada a buscar la nulidad del juicio o el sobreseimiento de sus representados. En caso de que alguno de los recursos sea admitido, el rumbo del proceso podría modificarse de manera considerable.
El planteo de Carlos Beraldi y la defensa de Cristina Kirchner
El primer planteo fue presentado por Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, quien solicitó la nulidad del proceso. Argumentó que las declaraciones de los arrepentidos fueron obtenidas bajo extorsión y que existieron irregularidades en la elección del juez y del fiscal original, en lo que describió como un supuesto forum shopping.
Varios abogados adhirieron a esta postura, cuestionando además la validez de los cuadernos atribuidos a Centeno, señalando que pericias detectaron tachaduras y modificaciones en algunos documentos.
En paralelo, también se registraron recusaciones contra los magistrados que integran el tribunal, lo que suma un nuevo frente de discusión en la etapa preliminar del juicio.
El pedido de sobreseimiento de Ricardo Jaime
Otro de los planteos destacados fue el presentado por la defensa del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien solicitó el sobreseimiento por prescripción de los delitos. Según su argumento, los hechos ya habrían caducado al momento de su indagatoria, dado que llevaba años fuera de la función pública.
Asimismo, varias defensas insistieron en apartar a la Unidad de Información Financiera como querella, lo que implicaría eliminar sus acusaciones del proceso.
La fiscalía busca acelerar el proceso
Mientras se aguarda la respuesta integral de la fiscal León a todos los planteos, la atención también está puesta en la posibilidad de que el tribunal anuncie un nuevo cronograma de audiencias.
Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli deberán definir los próximos pasos. La fiscalía insiste en agregar más jornadas y avanzar con las declaraciones presenciales, con el objetivo de darle mayor celeridad al debate.
León solicitó formalmente un cronograma que incluya las fechas de las indagatorias que aún no fueron fijadas, a fin de organizar la estrategia acusatoria. Méndez Signori respondió que el plan se dará a conocer en las próximas audiencias.
Tras la exposición de la fiscalía, se espera que los jueces pasen a un cuarto intermedio para analizar los planteos y resolver.
La acusación y el supuesto plan integral
La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante "un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban".
Según la fiscalía, "el sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios".
En este marco, la etapa actual del juicio resulta determinante. La resolución de los planteos preliminares definirá si el proceso avanza hacia la producción de prueba y las indagatorias pendientes o si se abren nuevas instancias de discusión que puedan alterar su curso.
La respuesta de la fiscalía y la definición del TOF 7 marcarán el ritmo de un debate que, tras la feria judicial, enfrenta ahora un punto de inflexión entre los intentos de nulidad y la búsqueda de acelerar las audiencias.