El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) evaluó este lunes los pedidos de casi 50 imputados en la causa Cuadernos, quienes buscaron un acuerdo económico para evitar el juicio previsto para el 6 de noviembre. La audiencia se realizó de manera virtual y fue convocada por la fiscal general Fabiana León, quien rechazó de manera tajante las ofertas de los empresarios.
"Esta fiscalía no vende impunidad, señores jueces", afirmó León al solicitar que se desestimen las propuestas, que en algunos casos superaban los 800 millones de pesos. La decisión final del tribunal se conocerá el próximo martes, cuando se reanude la audiencia.
La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, también se manifestó en contra de los ofrecimientos. Incluso el chofer Oscar Centeno, cuyos cuadernos dieron origen a la investigación, respaldó la postura de la fiscalía.
Entre los empresarios que presentaron ofertas se encuentran Benjamín Romero, Hugo Dragonetti, Armando Loson, Roberto Orazi, Enrique Pescarmona, Rubén Valente, Juan Carlos y César De Goycochea, Mario Maxil, Ángelo Calcaterra, Javier Sánchez Caballero, Santiago Altieri, Fabián Ezequiel García Ramón y Sergio Taselli. Según trascendió, Taselli ofreció 10.000 dólares, Pescarmona 500 millones de pesos y el financista Clarens, ligado a los Kirchner, ofreció un barco y un departamento en Estados Unidos valorados en 1,5 millones de dólares.
Las defensas plantearon que, con 174 acusados y más de 600 testigos, un juicio completo podría extenderse entre 10 y 20 años, considerando también apelaciones y revisión de la Corte Suprema. Sin embargo, la fiscalía y la UIF sostienen que la acción penal no puede ser suspendida mediante pagos.
La reparación del daño, prevista en el Código Penal, permite extinguir la acción penal cuando se paga el monto equivalente al perjuicio causado, evitando el juicio. A diferencia del juicio abreviado, no exige admisión de culpa, pero en este caso, León y la UIF insistieron en que la causa debe seguir su curso.
La causa Cuadernos surgió a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registraba los viajes de funcionarios del ministerio de Planificación, liderado entonces por Julio de Vido, para retirar presuntos sobornos de empresarios. La investigación abarca 540 hechos y 26 calificaciones legales distintas según el rol de cada imputado, incluyendo a la expresidenta Cristina Kirchner, imputada como jefa de una asociación ilícita.
Se determinó que al menos 16 personas realizaron operaciones por 70 millones de dólares, canalizadas a través de empresas offshore y que derivaron en decenas de bienes inmuebles, entre casas, estancias, departamentos y cocheras, distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Miami y el Caribe.
