El Tribunal Oral Federal N° 7 rechazó este lunes el ofrecimiento económico de 50 empresarios imputados en la causa Cuadernos, quienes buscaban cerrar el proceso judicial mediante una "reparación integral" para evitar el juicio oral.
La propuesta consistía en un pago compensatorio que, de ser aceptado, hubiera extinguido la acción penal contra los involucrados. Sin embargo, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli desestimaron el planteo y ratificaron que todos los imputados deberán enfrentar el juicio, previsto para iniciar el 6 de noviembre.
La decisión acompañó la postura de la fiscal Fabiana León, quien rechazó tajantemente cualquier acuerdo: "La corrupción se juzga y la honra no se paga", sostuvo. También la Unidad de Información Financiera (UIF) y Oscar Centeno, el chofer cuyas anotaciones dieron origen a la investigación, se manifestaron en el mismo sentido.
Un caso de gran corrupción
Los magistrados remarcaron que se trata de "un caso de gran corrupción en el que se encuentran involucrados agentes estatales y empresarios", y que no puede haber un trato diferenciado para unos y otros.
La defensa había justificado el ofrecimiento como una vía para acortar los plazos de un juicio que podría durar años, ya que declararán más de 600 testigos y la causa tiene una enorme complejidad estructural.
Los números de la causa Cuadernos
174 procesados, incluidos exfuncionarios y empresarios.
30 arrepentidos bajo la Ley del Arrepentido.
26 calificaciones legales distintas, según el rol de cada uno.
540 hechos bajo investigación.
Entre los principales acusados se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada como parte central de un presunto sistema de cobro de coimas durante su gestión.
Seguimiento desde Catamarca
En Catamarca, distintos sectores políticos y judiciales siguen con atención la evolución del caso, por sus implicancias institucionales y por los vínculos de algunos de los actores nacionales involucrados con referentes locales.
La causa Cuadernos marcó un antes y un después en la relación entre el poder político y empresarial a nivel nacional, y su desarrollo podría impactar en los discursos y estrategias electorales provinciales, especialmente de cara a las próximas elecciones, donde temas como la transparencia y la ética pública están en el centro del debate.