El reinicio de las audiencias en el juicio por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas ha devuelto al centro de la escena pública una trama de presunta corrupción sistémica que tiene a la expresidenta Cristina Kirchner como principal acusada. El Tribunal Oral Federal 7 retomó este martes el proceso en un clima de alta confrontación jurídica, donde las defensas de exfuncionarios y empresarios han desplegado una estrategia coordinada para cuestionar la validez de las pruebas obtenidas durante la instrucción del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

La acusación fiscal sostiene que, entre los años 2003 y 2015, se desplegó un plan integral destinado a la recaudación de fondos ilegales. Según esta hipótesis, funcionarios del gobierno nacional implementaron una logística específica para percibir dinero en efectivo de empresarios vinculados a los sectores de la energía, el transporte y la construcción. Este sistema de recaudación habría operado a través de dos canales independientes pero complementarios, donde los propios funcionarios públicos garantizaban la recepción del dinero a cambio de beneficios extraordinarios para las compañías representadas en el expediente.

El giro de Mario Rovella y la denuncia de coacción

Uno de los momentos más trascendentales de la jornada fue protagonizado por la defensa de Mario Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A. El empresario, que en los inicios de la causa había admitido pagos ilegales bajo la figura de supuestos aportes a campañas políticas, solicitó formalmente a través de su abogado, Pablo Medrano, la anulación de aquella declaración. El letrado argumentó de manera tajante que la voluntad de su defendido fue doblegada bajo coacción, utilizando amenazas de prisión como un mecanismo para forzar una confesión que, según sus palabras, resulta incompatible con el Estado de Derecho y fue aplicado de forma sistemática en todo el proceso judicial.

En un intento por extinguir la acción penal, la defensa de Rovella ha ofrecido al tribunal una reparación económica cercana al medio millón de dólares. Esta maniobra se suma a la de otros imputados que buscan invalidar las confesiones obtenidas bajo la controvertida figura del arrepentido. La resolución sobre este pedido, al igual que el resto de las nulidades planteadas, ha sido postergada por el tribunal para el final de esta etapa preliminar, manteniendo la incertidumbre sobre la validez de uno de los pilares probatorios fundamentales del caso.

Recusaciones y la estructura de la recaudación

La estrategia de resistencia procesal no se limitó a los empresarios del sector privado. El exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, presentó una recusación contra el juez Fernando Canero, solicitud que el presidente del tribunal dispuso tratar por secretaría para no interrumpir el flujo de la audiencia. Este planteo resuena con los argumentos previos de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, quien inició las cuestiones preliminares denunciando un presunto forum shopping y señalando un manejo extorsivo por parte del fiscal Stornelli en la etapa de instrucción original.

En el centro de la logística operativa descrita por la fiscalía emergen las figuras de Roberto Baratta y Julio De Vido. La acusación señala a Baratta como el encargado de recibir el efectivo junto a su chofer, Oscar Centeno, mientras que De Vido es apuntado como una de las cabezas de la estructura. La defensa de Baratta, a cargo de Marcos Aldazabal, insistió en los vínculos entre Stornelli y el falso abogado Marcelo D'Alessio, condenado por extorsión, para restarle credibilidad a la fiscalía. Por su parte, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, recordó que su cliente ya fue absuelto del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, cuestionando la base de la imputación actual.

El futuro del proceso y la etapa de pruebas

El camino a seguir por el TOF 7 está claramente definido, aunque los obstáculos procesales interpuestos por los acusados son significativos. Una vez que se concluya el tratamiento de todos los planteos preliminares, el tribunal dará vista a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que respondan a las críticas vertidas por las defensas. Solo tras resolver estas incidencias, los jueces decidirán si el juicio avanza finalmente hacia la fase de pruebas e indagatorias, donde se determinará la responsabilidad de los acusados en el esquema de beneficios y retribuciones ilegales que marca la causa.