El Tribunal Oral Federal (TOF) 7 inició este viernes una audiencia clave en el marco de la causa Cuadernos de las Coimas, en la que casi 50 empresarios y exfuncionarios imputados buscan alcanzar un acuerdo económico que les permita evitar el juicio oral, previsto para comenzar el 6 de noviembre.
La audiencia, realizada de manera virtual, se desarrolla a pedido de la fiscal general Fabiana León, quien planteó la necesidad de escuchar los argumentos de las defensas ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
La megacausa cuenta con 174 procesados, incluidos 30 arrepentidos, con 26 calificaciones legales distintas y un total de 540 hechos bajo investigación. Entre los principales acusados figura la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada como jefa de una asociación ilícita.
Ofertas millonarias
Algunos empresarios ya hicieron propuestas concretas. Sergio Taselli ofreció 10 mil dólares; Enrique Pescarmona, 500 millones de pesos; y el financista Ernesto Clarens puso sobre la mesa un barco y un departamento en Estados Unidos, valuados en 1,5 millones de dólares.
La herramienta legal que invocan las defensas es la "reparación del daño", prevista en el Código Penal, que permite extinguir la acción penal si el imputado paga el monto equivalente al perjuicio causado. A diferencia del juicio abreviado, no exige admisión de culpa. Si los jueces aceptan, los acusados quedarían sobreseídos.
El planteo se apoya en la magnitud del proceso: un juicio con cientos de audiencias semanales, más de 600 testigos y la posibilidad de que se extienda por años, con apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema.
Origen del caso
La investigación se inició con las anotaciones de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, exfuncionario del Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido. Centeno registró en sus cuadernos los viajes en los que, según la Justicia, se trasladaban bolsos con sobornos entregados por empresarios.
De acuerdo con la instrucción judicial, 16 personas participaron en maniobras que movieron alrededor de 70 millones de dólares, parte de los cuales se blanquearon mediante empresas offshore y la compra de bienes inmuebles. Una parte de ese patrimonio ya fue recuperada por el Estado.
El listado de propiedades incluye casas, estancias, departamentos y cocheras, ubicadas en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de inmuebles en Miami y en el Caribe.
El TOF 7 escuchará primero a los empresarios y luego a la fiscal León, antes de tomar una decisión sobre la admisibilidad de los acuerdos propuestos.