El juicio oral por la llamada Causa Cuadernos volverá a activarse este jueves con la reanudación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio en el tramo conocido como "La Camarita". Se trata del desprendimiento vinculado a presuntos acuerdos ilícitos en la obra pública vial durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que esta será la novena audiencia y que está programada para las 9 en el Tribunal Oral Federal (TOF) 7.
Este segmento del expediente toma su nombre por la relación directa con la Cámara Argentina de Empresas Viales (CAEV). Según la acusación impulsada por el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, un conjunto de compañías habría articulado, junto a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, un sistema de cartelización que incluía reparto de licitaciones, adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y retornos ilegales en favor de funcionarios y operadores vinculados al área. La hipótesis central es que ese mecanismo formó parte de una estructura de recaudación sistemática que funcionó entre 2003 y 2015, con alcances en múltiples provincias.
La audiencia de este jueves continuará con la lectura de la prueba documental incorporada durante la instrucción, considerada la base de la acusación por presunta asociación ilícita y pago de sobornos. Entre el material figura una vasta cantidad de documentación aportada por organismos públicos, fuerzas de seguridad y empresas privadas, que incluye órdenes de presentación, informes de allanamientos, auditorías, certificaciones, peritajes tecnológicos, listados societarios, planillas de obra pública y reportes de inteligencia financiera.
Buena parte de ese cúmulo de evidencias se vincula a más de 70 empresas constructoras investigadas por su participación en licitaciones viales durante el período señalado. En la lista aparecen algunas de las compañías más relevantes del sector: Helport, IECSA/SACDE, Electroingeniería, JCR, Cartellone, Roggio, Perales Aguiar, Supercemento, CPC, Vialco, Panedile, Dycasa, Obring, Vialmani y Rovella. Sus nóminas de autoridades, composición accionaria y documentación societaria fueron requeridas a registros públicos de distintas provincias y organismos federales.
El expediente también contiene informes elaborados por la Policía Federal Argentina, que llevó adelante allanamientos en domicilios particulares, oficinas y sedes empresariales, además del secuestro de computadoras, teléfonos celulares y otros dispositivos analizados por la División Apoyo Tecnológico Judicial. A ello se suman los reportes de la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, los ministerios del Interior, Transporte, Energía y Planificación, así como material remitido por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción.
Todo este corpus documental conforma, según la fiscalía, el esquema probatorio que permitiría acreditar un sistema de recaudación ilegal sostenido por funcionarios de Planificación y empresarios viales a lo largo de más de una década. Una vez concluida la lectura de estos elementos, no se descarta que el Tribunal Oral 7 avance con la incorporación de los descargos presentados por los principales imputados durante la etapa de instrucción.
Entre ellos se encuentra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien presentó un escrito en el que rechazó categóricamente las imputaciones y calificó la causa como un caso de "lawfare" destinado a perseguirla políticamente. En su descargo, sostuvo que no existía sustento probatorio real y denunció maniobras de manipulación judicial desde el inicio de la investigación, en 2018.
Una línea similar adoptó el exministro de Planificación Julio De Vido, quien negó haber integrado una asociación ilícita o haber intervenido en un esquema de recaudación ilegal dentro de su cartera. También cuestionó el valor de las declaraciones de los arrepentidos que lo señalan como protagonista del entramado investigado.
En las próximas audiencias también está prevista la lectura de los descargos del exsecretario de Obras Públicas José López; del financista Ernesto Clarens; del exadministrador de Vialidad Nacional Nelson Periotti; de los exfuncionarios de Vialidad Sandro Férgola y Sergio Passacantando; y de los empresarios de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta. Todos ellos figuran entre los imputados más relevantes del tramo "La Camarita", considerado uno de los núcleos centrales del juicio.