En las vísperas de una jornada que promete ser bisagra para el futuro de las relaciones productivas en el país, el Gobierno nacional ha decidido trazar una línea infranqueable respecto al proyecto de reforma laboral. Tras una serie de intensas negociaciones que derivaron en la exclusión de puntos sensibles, la administración central envió un mensaje contundente a las filas de la oposición: no se admitirán más concesiones en el texto que se debatirá en el recinto. Esta postura oficial surge como respuesta directa a la presión de diversos sectores que, a pesar de los avances, aún reclaman ajustes en temas críticos como el financiamiento de indemnizaciones y la digitalización de los pagos salariales.
El fin de la etapa de concesiones oficiales
Desde la Casa Rosada, la directiva es clara y se resume en una advertencia que circula con fuerza en los pasillos de Balcarce 50: "Si insisten con otras modificaciones, no las vamos a convalidar en el Senado". El Ejecutivo considera que la reciente eliminación del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad, representó el último gesto de flexibilidad necesario para garantizar el acompañamiento de los bloques dialoguistas y blindar la aprobación de la ley. Para el Gobierno, reabrir la discusión sobre el articulado remanente a estas alturas pondría en serio riesgo la estructura técnica y política del proyecto original, algo que no están dispuestos a permitir bajo ningún concepto.
En este sentido, los encargados de la mesa política oficialista sostienen que el texto actual posee el equilibrio suficiente para avanzar hacia su implementación. Cualquier nuevo pedido de los bloques opositores o aliados será interpretado ahora como una maniobra que excede los acuerdos previos. Por esta razón, la advertencia sobre un posible bloqueo en la Cámara Alta funciona como una herramienta de presión preventiva ante la sesión inminente, marcando que el tiempo del debate de fondo ha concluido para el Poder Ejecutivo.
El conflicto por el Fondo de Asistencia Laboral y las billeteras virtuales
Uno de los puntos de mayor fricción que el Gobierno se niega a retocar radica en el articulado del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La oposición ha puesto la lupa sobre este mecanismo, que busca redefinir el flujo de recursos desde el sistema previsional hacia un fondo destinado exclusivamente a financiar indemnizaciones por despido. La estructura técnica planteada establece un esquema de aportes patronales diferenciados, donde las grandes empresas deberán realizar un aporte del 1%, mientras que para las MiPyMEs el gravamen establecido es del 2,5%. En Balcarce 50 aseguran que no habrá marcha atrás con estas cifras, ya que son el pilar del nuevo esquema de financiamiento que pretenden instaurar.
Paralelamente, otro foco de conflicto de alta intensidad es el pedido de ciertos sectores aliados para restituir el artículo que habilitaba el pago de sueldos a través de billeteras virtuales. El proyecto original buscaba sustituir el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, autorizando el pago de remuneraciones en Proveedores de Servicios de Pago (PSP) habilitados por el Banco Central (BCRA). Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, han manifestado un rechazo interno tajante a esta posibilidad. El argumento técnico que esgrimen es que permitir el flujo masivo de salarios hacia las plataformas digitales afectaría de manera directa los depósitos de los bancos tradicionales, los cuales funcionan como el fondeo esencial para otorgar préstamos tanto a personas como a empresas, debilitando así el sistema financiero formal.
Estrategia política y el conteo de votos en el recinto
La sesión especial en la Cámara de Diputados ha sido formalmente convocada para este jueves 19 de febrero a las 14, conforme a la citación oficial firmada por la Secretaría Parlamentaria. El Ejecutivo aceleró las negociaciones durante todo el miércoles para garantizar la firma del dictamen en el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, un paso previo indispensable para llegar con fuerza al debate en el recinto.
En términos de aritmética legislativa, los números que maneja el oficialismo generan optimismo pero también cautela. En la Casa Rosada aseguran contar con una base de más de 131 adhesiones para la aprobación del proyecto en general, con expectativas reales de superar los 135 votos. No obstante, reconocen puertas adentro que la votación por capítulos está "más ajustada" y será allí donde se libre la verdadera batalla política. El quórum se da por descontado, y para asegurar la cohesión, el Gobierno mantiene un contacto permanente con los gobernadores provinciales.
La estrategia de cierre está encabezada por una mesa política de peso que incluye al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y al ministro del Interior, Diego Santilli. Este equipo de interlocutores legislativos trabaja bajo la coordinación directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, quienes supervisan cada contacto con el fin de que la reforma laboral avance sin nuevas alteraciones que desvirtúen el plan económico oficial.