El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces se reanudará este lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente a Los Sauces. La audiencia dará continuidad a la exposición de la acusación fiscal, que busca describir el presunto circuito de dinero que, según su hipótesis, habría fluido desde empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo hacia la familia Kirchner a través de contratos de alquiler con la inmobiliaria.

En la última audiencia, el fiscal Diego Velasco expuso los principales lineamientos de la hipótesis de la Fiscalía sobre el funcionamiento de ese mecanismo. De acuerdo con la acusación, los fondos habrían circulado mediante contratos de alquiler de propiedades y hoteles, en una estructura que habría permitido dar apariencia de legalidad a recursos de presunto origen ilícito.

La lectura del requerimiento continuará durante la jornada de este lunes. A partir del jueves siguiente, está previsto que se habilite también la causa Hotesur, que forma parte del proceso judicial junto con Los Sauces.

La Fiscalía calificó el esquema investigado como una "compleja maniobra delictiva", mediante la cual, a su criterio, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían montado una matriz de corrupción destinada a enriquecer de manera ilegítima tanto a empresarios vinculados como a la propia familia.

En el expediente Los Sauces, la acusación investiga presuntas maniobras de lavado de activos a través de una estructura inmobiliaria y hotelera que, según el planteo fiscal, habría utilizado contratos de alquiler para justificar ingresos provenientes de fondos ilícitos.

La hipótesis fiscal

El mecanismo descripto por la Fiscalía apunta a que los Kirchner habrían beneficiado a empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo mediante contratos con el Estado Nacional. Según la acusación, una parte de los fondos obtenidos por esas firmas habría retornado posteriormente a la familia a través de Los Sauces, sociedad constituida por los expresidentes y su hijo Máximo.

La estructura habría funcionado mediante la adquisición de propiedades, hoteles y terrenos por parte de la inmobiliaria. Esos bienes, posteriormente, habrían sido puestos a disposición de las mismas empresas mediante contratos de alquiler.

De acuerdo con el planteo fiscal, esta operatoria habría permitido que los fondos provenientes de los grupos económicos fueran recibidos por la familia Kirchner bajo la forma de ingresos inmobiliarios, con una apariencia de legalidad.

La Fiscalía explicó el mecanismo en los siguientes términos:

"De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como 'dinero limpio' en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido".

La hipótesis sostiene que los contratos de alquiler habrían sido utilizados como una vía para transformar fondos de presunto origen ilícito en ingresos declarables, a través de una estructura empresarial y patrimonial que involucraba a Los Sauces.

El 88% de la facturación provenía de empresas vinculadas

Uno de los aspectos centrales del requerimiento de elevación a juicio está relacionado con la composición de los ingresos de Los Sauces. Según la Fiscalía, el 88% de la facturación de la inmobiliaria correspondía a sus denominados "empresarios amigos".

La distribución de esos ingresos, de acuerdo con la acusación, se encontraba concentrada en dos grupos económicos:

65%: provenía de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, empresas vinculadas al Grupo Indalo.

23%: correspondía al Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

La concentración de la facturación en esas compañías constituye uno de los elementos que la Fiscalía considera relevantes para sostener la existencia de un circuito de fondos entre los grupos empresarios y la familia Kirchner.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a esas empresas un total de $25.968.042,30 en concepto de alquileres de propiedades y hoteles. Esos contratos fueron calificados por la acusación como "innecesarios" o celebrados por encima de los valores de mercado.

Durante el mismo período, el patrimonio neto de la inmobiliaria registró un incremento superior al 12.000%. Según los datos expuestos en el requerimiento, pasó de $100.000 a $12.122.430,26.

La evolución patrimonial y el peso de los ingresos provenientes de las empresas investigadas forman parte de los elementos sobre los que se construye la hipótesis fiscal acerca de la presunta maniobra de lavado.

El origen de los fondos: obra pública, contratos y beneficios económicos

La Fiscalía identificó dos vertientes principales en el origen de los fondos que, según la acusación, habrían ingresado al circuito de Los Sauces. En el caso de Lázaro Báez, el dinero habría provenido de "la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz", en el marco de la causa Vialidad.

Por otra parte, en relación con Cristóbal López y Fabián De Sousa, el requerimiento ubica el origen de los fondos en presuntas dádivas vinculadas con contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos. La acusación sostiene que esos recursos habrían sido canalizados mediante las empresas investigadas y que, posteriormente, una parte habría retornado a la familia Kirchner bajo la forma de ingresos por alquileres.

La descripción de estas dos vertientes constituye uno de los puntos centrales de la exposición fiscal, que busca establecer el vínculo entre los fondos de origen presuntamente ilícito, las empresas beneficiadas y los contratos inmobiliarios de Los Sauces.

Las adquisiciones inmobiliarias bajo cuestionamiento

El requerimiento también incluye una serie de operaciones inmobiliarias que la Fiscalía considera irregulares. Entre ellas se encuentra la adquisición de un terreno en El Calafate, que habría sido comprado a $7,50 por metro cuadrado, pagado más de un año después y sin escriturar ni registrar.

Otra de las operaciones señaladas corresponde a departamentos ubicados en Madero Center, en Puerto Madero. Según la acusación, esos inmuebles fueron adquiridos con dinero personal de Néstor Kirchner y posteriormente incorporados a Los Sauces.

La lista de operaciones cuestionadas también incluye un terreno vendido por Austral Construcciones. La Fiscalía sostiene que esa transacción habría constituido una compraventa simulada, destinada a ocultar una donación de Lázaro Báez. Estas operaciones forman parte del conjunto de adquisiciones patrimoniales que la acusación considera relevantes para reconstruir el funcionamiento de la presunta estructura inmobiliaria y hotelera.

El departamento de San José 1111 y los CEDINES

Entre los bienes incluidos en el requerimiento se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La propiedad fue comprada en 2015 por USD 370.000 y, de acuerdo con la información incorporada a la acusación, el pago se realizó mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES). La operación integra el listado de adquisiciones que la Fiscalía analiza dentro de la causa, junto con los terrenos, departamentos y hoteles vinculados con Los Sauces.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio continuará este lunes ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, con la exposición de los elementos que sostienen la hipótesis fiscal sobre el presunto circuito de dinero. El proceso avanzará posteriormente con la habilitación de Hotesur, prevista a partir del jueves siguiente.

La acusación sostiene que los contratos inmobiliarios y hoteleros habrían permitido canalizar fondos provenientes de empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo hacia la familia Kirchner. La reconstrucción de ese mecanismo, junto con el análisis de las operaciones patrimoniales cuestionadas, constituye el eje de la exposición que se desarrolla en el juicio oral.