El Tribunal Oral Federal 5 rechazó nuevamente el pedido formulado por la fiscalía para fijar una fecha de inicio al juicio oral contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces, donde se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a contratos hoteleros e inmobiliarios con empresarios favorecidos durante el kirchnerismo.
La resolución fue adoptada de manera unánime por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes rechazaron un recurso de reposición presentado por el fiscal Diego Velasco, que insiste en que el proceso oral debe comenzar cuanto antes.
Pese a la negativa, el tribunal fijó para el próximo 4 de septiembre una audiencia preliminar con participación de las defensas, la fiscalía y los magistrados, destinada a ordenar cuestiones organizativas y técnicas vinculadas al futuro debate oral.
El motivo por el que el juicio sigue sin fecha
Los jueces sostuvieron que todavía no es posible establecer una fecha concreta para el inicio del juicio debido a que continúa en trámite un peritaje contable considerado central dentro de la investigación. Según argumentó el tribunal, mientras no concluya la producción de esa prueba pendiente, avanzar hacia el comienzo de las audiencias podría afectar la validez del proceso.
En la resolución, los magistrados señalaron que iniciar el juicio sin la finalización de los estudios periciales podría poner "eventualmente en riesgo la validez de las actuaciones", exponiendo el expediente a "una multiplicidad de planteos por parte de las defensas".
La fiscalía, en cambio, sostiene una postura diferente. Diego Velasco considera que el tribunal sí puede fijar una fecha de inicio y eventualmente postergarla en caso de que el peritaje todavía no haya concluido para entonces. Frente al nuevo rechazo, el fiscal anunció que recurrirá a la Cámara Federal de Casación Penal para intentar que sea ese tribunal superior el que impulse el comienzo del proceso oral.
El peritaje que mantiene frenado el proceso
El estudio contable en curso busca determinar si existió correlación entre el dinero que recibieron los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por contratos y negocios obtenidos durante el kirchnerismo, y las transferencias posteriores realizadas hacia empresas vinculadas a la familia Kirchner.
La investigación apunta particularmente a:
- Pagos de alquileres realizados a la empresa Los Sauces.
- Contratación de habitaciones hoteleras pertenecientes a Hotesur.
- Transferencias de fondos desde empresas de Báez y López hacia sociedades de los Kirchner.
La hipótesis judicial sostiene que esos movimientos financieros habrían funcionado como contraprestación por los beneficios obtenidos mediante contratos de obra pública y otros negocios durante los gobiernos kirchneristas. Según la acusación, Lázaro Báez transfirió millones de pesos al patrimonio de los Kirchner a través de contratos vinculados a hoteles de El Calafate. En paralelo, Cristóbal López habría efectuado pagos relacionados con alquileres de departamentos pertenecientes a Los Sauces.
Un peritaje parcial ya exhibido por la fiscalía en audiencias previas al juicio oral indicó que Báez cobró del Estado hasta 20 millones de dólares en las mismas fechas en las que posteriormente transfirió fondos a Hotesur.
Una causa judicial que lleva años
El expediente Hotesur y Los Sauces fue elevado a juicio oral hace cinco años. Sin embargo, el proceso sufrió múltiples demoras y resoluciones judiciales cruzadas que postergaron reiteradamente el inicio del debate. En una etapa anterior, el tribunal oral —con otra integración y mediante los votos de Adrián Grünberg y Daniel Obligado— había dispuesto la absolución de todos los acusados sin realizar el juicio.
Esa decisión fue posteriormente revertida por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aunque excluyó del expediente a Florencia Kirchner.
Más tarde, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa resolución e impulsó la realización del juicio oral. El fallo fue uno de los últimos votados por el juez Juan Carlos Maqueda antes de su jubilación y contó además con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal también resolvió reforzar el equipo de contadores encargado del peritaje sobre las cuentas de Hotesur y Los Sauces, con el objetivo de acelerar la finalización del estudio técnico. Además, exhortó al Colegio de Peritos para que estimara una fecha probable de conclusión de las tareas pendientes y así permitir el avance hacia el juicio oral.
La audiencia preliminar y el posible nuevo aplazamiento
Como respuesta parcial al reclamo de la fiscalía, el tribunal convocó para el 4 de septiembre a una audiencia preliminar en la que participarán jueces, fiscales y abogados defensores.
En este tipo de encuentros suelen discutirse:
- Aspectos organizativos del juicio.
- Reducción de listas de testigos.
- Modalidad presencial o virtual del proceso.
- Tratamiento de pruebas pendientes.
- Mecanismos para agilizar las audiencias.
Sin embargo, el hecho de que esa audiencia recién haya sido fijada para septiembre vuelve a alejar el inicio efectivo del juicio hacia una etapa cercana al cierre del año judicial y a la feria de verano.
Las otras causas que enfrenta Cristina Kirchner
La expresidenta ya fue condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad y enfrenta además otros expedientes judiciales de alto impacto político e institucional.
Entre ellos figuran:
- El juicio pendiente por la firma del memorándum con Irán.
- El proceso vinculado a los Cuadernos de las Coimas.
- La causa Hotesur y Los Sauces.
La investigación por Hotesur y Los Sauces se inició en 2014 tras una denuncia presentada por la entonces diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer. Desde entonces, el expediente se transformó en uno de los casos judiciales más relevantes vinculados al patrimonio de la familia Kirchner y a las relaciones comerciales mantenidas con empresarios favorecidos durante los años de gobierno kirchnerista.
La nueva resolución del Tribunal Oral Federal 5 mantiene abierto el conflicto entre la fiscalía y el tribunal respecto de los tiempos procesales y vuelve a postergar el inicio de un juicio oral que lleva años esperando avanzar hacia el debate público.