La Justicia federal dispuso un embargo de $40.000 millones contra Maximiliano Ariel Vallejo y por idéntico monto contra su madre, Graciela Beatriz Vallejo, en el marco de la causa Sur Finanzas. La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora, que consideró que las sumas establecidas no resultan desproporcionadas frente a la eventual responsabilidad pecuniaria que podría corresponderles en el expediente.
Uno de los fundamentos centrales de la resolución está relacionado con las operaciones de la billetera virtual. Según el tribunal, una certificación de origen de fondos firmada por Maximiliano Vallejo omitió declarar $19.938.054.800 acreditados durante enero de 2025. A partir de ese monto, el juzgado señaló que el mínimo de la multa prevista para esa operación alcanzaría los $39.876.109.600.
La cifra fue considerada como un elemento relevante para determinar la magnitud de los embargos y establecer medidas patrimoniales acordes con las posibles consecuencias económicas de las conductas investigadas.
El alcance de las medidas sobre los demás imputados
La resolución también estableció restricciones patrimoniales sobre otras personas señaladas en la causa, con montos que varían de acuerdo con las responsabilidades que el tribunal les atribuye dentro de la investigación.
Entre los embargos de mayor cuantía se encuentran los dispuestos por $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis, $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza y $5.000 millones para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo. En tanto, Sergio Gabriel Da Silveira quedó alcanzado por un embargo de $4.000 millones.
El esquema de medidas continúa con embargos de $500 millones para Juan Ramón Cervín, Rolando Esteban Soloaga y Daniela Eliana Sánchez; $200 millones para Jonathan Leonardo Ledesma; y $50 millones para Micaela Alejandra Sánchez, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra.
También fueron fijadas medidas por $20 millones para Juan Miguel Soler y César Abilio Zapaia, mientras que Cecilia Elizabeth Fioretti quedó alcanzada por un embargo de $10 millones.
El alcance de estas disposiciones refleja la dimensión patrimonial que adquirió la investigación, que no se limita a sus principales protagonistas, sino que comprende a un conjunto de personas vinculadas con la estructura bajo análisis.
Las sociedades alcanzadas y los bienes sujetos a decomiso
Las medidas judiciales también se extendieron a las personas jurídicas relacionadas con el grupo Sur Finanzas. En este apartado, el juzgado dispuso embargos de $30.000 millones para Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A., mientras que Centro de Inversiones Concordia S.R.L. quedó alcanzada por una medida de $10.000 millones.
A su vez, Cluster Palace Beach S.A. y Gestiones San Miguel S.A. recibieron embargos por $5.000 millones cada una. Para Ars Cambios S.A.S. se estableció un monto de $2.000 millones, mientras que Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S. y Sur Pagos S.A. quedaron alcanzadas por medidas de $1.000 millones cada una.
Además de los embargos económicos, el fallo ordenó medidas sobre distintos bienes con fines de decomiso. Entre los activos comprendidos aparecen vehículos e inmuebles vinculados tanto a los imputados como a las sociedades que integran el grupo investigado.
Dentro de las propiedades alcanzadas se encuentran un inmueble ubicado en Saint Thomas Este Country Club de Canning, unidades atribuidas a Graciela Vallejo y la casa central de Sur Finanzas, situada en Seguí 764/768/780, en Adrogué. También fueron incluidos otro inmueble ubicado en Seguí 745 y un lote en Fincas de San Vicente.
De esta manera, la resolución no solamente establece obligaciones patrimoniales de gran magnitud, sino que también busca preservar bienes que podrían quedar sujetos a decomiso en el desarrollo de la causa.
La hipótesis judicial sobre el funcionamiento de la estructura
En cuanto al trasfondo de la investigación, el juzgado sostuvo que la estructura bajo análisis habría funcionado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025, con el propósito de poner en circulación fondos provenientes de ilícitos previos, otorgarles apariencia de legalidad, evadir tributos y ocultar rastros de las operaciones frente a los organismos de control y la Justicia.
En ese contexto, el tribunal atribuyó a Maximiliano Vallejo un presunto rol de jefe u organizador de la asociación ilícita investigada. La imputación lo ubica, según la hipótesis judicial, en una posición central dentro de la estructura que habría articulado las operaciones financieras y patrimoniales bajo investigación.
Por su parte, a Graciela Beatriz Vallejo se le adjudicó una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo. Su situación quedó comprendida en las mismas medidas de embargo millonario dispuestas contra su hijo.
