La Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por mayoría, ordenar la ejecución de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el resto de los condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir el monto establecido en concepto de fraude contra la administración pública. La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes avalaron el avance del decomiso.
El fallo no solo ratifica la recuperación efectiva de activos vinculados a corrupción, sino que además fija un criterio relevante: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. Esta definición amplía el alcance de las medidas judiciales y refuerza la capacidad del Estado para recuperar fondos.
En ese sentido, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, sostuvo que cualquier reclamo sobre los bienes debe canalizarse a través de instancias civiles o administrativas, sin que ello implique demorar el decomiso ya dispuesto por el Tribunal Oral Federal 2.
Las apelaciones
El camino hacia esta resolución estuvo marcado por múltiples recursos presentados por las defensas. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, del empresario Lázaro Báez, del exfuncionario Nelson Periotti y de Raúl Pavesi cuestionaron el avance de las subastas.
Los planteos se centraron en que los bienes señalados por los fiscales no habrían sido incorporados al patrimonio durante el período en el que ocurrieron los hechos investigados. Bajo ese argumento, intentaron frenar el decomiso.
A su vez, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner objetaron el remate de sus propiedades. Alegaron ser ajenos a la causa Vialidad y remarcaron que no fueron condenados, solicitando la preservación de un conjunto de bienes.
Entre los activos cuya conservación pidieron se incluyen:
- 19 propiedades en total
- 10 departamentos
- 2 casas en Río Gallegos
- Terrenos ubicados en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal sostuvo una posición opuesta: consideró que esos bienes formaban parte del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner al momento de los hechos, más allá de transferencias posteriores.
Estas discrepancias ya habían sido rechazadas por el Tribunal Oral Federal 2, pero la apelación de la exmandataria llevó el caso a la instancia de Casación, que ahora terminó por confirmar el criterio.
El alcance del decomiso y las cifras millonarias
El Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto el decomiso y remate de bienes hasta cubrir una suma total actualizada de:
- $684.990.350.139,86
El volumen de activos involucrados es significativo y detalla la magnitud del caso:
- 141 inmuebles atribuidos a Cristina Kirchner y Lázaro Báez
- Incluye el departamento de San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria
- 46 vehículos
- US$4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
- US$992.134 en una caja de ahorro del Banco de Galicia
- $53.280,24 adicionales
Este conjunto de bienes constituye la base sobre la cual se ejecutará el decomiso para recuperar los fondos considerados producto del fraude.
La postura de la fiscalía
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola insistieron en la necesidad de avanzar con la ejecución, al señalar que los condenados no han realizado ningún pago, pese a que el plazo para hacerlo ya venció.
En su dictamen, fueron contundentes al afirmar que la actitud de los involucrados refleja una "total falta de arrepentimiento" y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley.
Las condenas
En el marco de la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La condena responde al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Junto a ella, también fueron condenados Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti. La resolución de Casación consolida así un proceso judicial que no solo ratifica las condenas, sino que ahora avanza en una etapa clave: la recuperación concreta de los bienes y fondos vinculados al caso, en un intento por materializar el resarcimiento económico al Estado.