En el marco de la novena sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Catamarca, presidida por Paola Fedeli, avanzó con la aprobación de tres proyectos de Ley vinculados con áreas diferentes pero relacionadas con el desarrollo provincial: la actividad minera, el acercamiento de políticas de innovación y asistencia productiva al interior y el reconocimiento institucional de una fecha significativa para una localidad del departamento Ambato.
El tratamiento parlamentario dejó como resultado tres definiciones diferentes. Por un lado, el cuerpo aprobó la transformación de la empresa estatal Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN S.E.) en Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CAMYEN S.A.U.), aunque el proyecto, debido a las modificaciones incorporadas, deberá regresar al Senado para su revisión.
Por otro lado, la Cámara otorgó media sanción al proyecto que crea el Sistema Provincial de Agencias de Innovación Territorial (AIT), una iniciativa orientada a acercar asistencia técnica, capacitación, tecnología y herramientas de gestión y financiamiento a productores y emprendedores de los distintos departamentos.
Finalmente, el cuerpo legislativo convirtió en ley la iniciativa que establece el 1° de septiembre de cada año como aniversario de la localidad de Las Juntas, en Ambato.
CAMYEN: una nueva estructura societaria
Uno de los principales debates de la jornada estuvo concentrado en CAMYEN. Con modificaciones a la propuesta original, Diputados aprobó el proyecto que transforma la empresa estatal en una Sociedad Anónima Unipersonal, manteniendo el 100% del capital social en manos del Estado provincial y adecuando a la firma al régimen establecido por la Ley General de Sociedades.
La discusión estuvo atravesada por dos posiciones principales. Desde el oficialismo se defendió la transformación como una actualización necesaria para dotar a la empresa de mayor capacidad operativa, mientras que distintos bloques opositores expresaron reparos sobre las facultades que tendría la empresa para disponer de propiedades mineras y sobre los mecanismos de control aplicables al patrimonio estatal.
Como miembro informante, Damián Brizuela (FT) marcó desde el inicio el eje de la posición oficialista al afirmar: "Aquí no se está privatizando absolutamente nada".
El legislador remarcó que la provincia continuará siendo la única accionista y que el objetivo de la reforma consiste en modificar el régimen jurídico sin alterar la propiedad estatal. En esa línea, sostuvo: "Lo que estamos debatiendo hoy no es la propiedad de los recursos, sino la eficiencia en su gestión".
Brizuela planteó que el régimen actual de sociedad del Estado resulta insuficiente frente a las características del mercado minero y energético y que la nueva figura permitiría establecer reglas más ágiles para el funcionamiento de CAMYEN.
Derechos mineros, fondos y transparencia
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la posibilidad de que el directorio pueda ceder, transferir o disponer de derechos mineros, previo análisis de criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. El proyecto establece además que una parte de los fondos obtenidos mediante transferencias onerosas de propiedades mineras deberá destinarse al fondo fiduciario de regalías mineras.
A la vez, la iniciativa incorpora obligaciones vinculadas con la transparencia y la disponibilidad de información. Entre ellas figura la publicación de datos relacionados con propiedades, contratos, estados contables y otros aspectos vinculados con la actividad de la empresa.
Durante el debate, Brizuela también mencionó las modificaciones incorporadas para reforzar los mecanismos de fiscalización y transparencia. Entre ellas se estableció que la Comisión fiscalizadora estará integrada por dos síndicos titulares y dos suplentes, con participación de la primera minoría legislativa.
También se incorporó la obligación de mantener disponible información institucional, contable y contractual, además de elaborar un informe anual dirigido a ambas cámaras de la Legislatura.
Las posiciones de La Libertad Avanza y la UCR
Desde La Libertad Avanza, el diputado Mateo Manti manifestó el acompañamiento general a la transformación societaria, aunque señaló que su bloque había presentado observaciones vinculadas con el equilibrio entre eficiencia, competitividad y transparencia.
Para Manti, la adecuación jurídica resulta necesaria para generar condiciones de previsibilidad que permitan el desarrollo de inversiones mineras y energéticas. Desde la UCR, en cambio, Alicia Paz aclaró que su bloque coincidía con la necesidad de transformar CAMYEN, pero cuestionó que la ampliación de facultades no estuviera acompañada, a su criterio, por garantías suficientes.
"Cuanto mayor sea el poder de decisión que otorgamos, mayores tienen que ser los controles", planteó. La diputada enumeró como principales reclamos de su bloque:
- Un informe anual obligatorio al Poder Legislativo.
- Autorización legislativa para operaciones de magnitud significativa.
- Una auditoría externa, independiente y anual, cuyos resultados fueran públicos.
"No estamos pidiendo que la Legislatura administre CAMYEN", aclaró Paz, sino que existan mecanismos concretos para controlar las decisiones de una empresa cuyo capital pertenece íntegramente al Estado.
La legisladora insistió además en que la discusión no debía plantearse como una disputa entre quienes apoyan o rechazan la minería. "Nosotros sí queremos minería. Queremos inversión. Queremos desarrollo y queremos empleo", afirmó, aunque reclamó que la actividad se desarrolle con transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas.
El oficialismo defendió los controles incorporados
En defensa de las modificaciones introducidas al proyecto, María Argerich (FT) destacó el consenso alcanzado durante el tratamiento en Comisión y sostuvo que las incorporaciones surgidas del debate con los distintos bloques fortalecieron el texto.
La legisladora puso especialmente el foco en la participación de la primera minoría en la sindicatura y afirmó: "Eso va a garantizar que la transparencia no sea posterior, sino que sea anterior al proceso y que sea concomitante a cualquier proceso".
Argerich también remarcó la intervención del Tribunal de Cuentas como órgano de control externo y señaló que la nueva forma jurídica delimita el capital social de la empresa, protegiendo el patrimonio estatal frente a eventuales riesgos comerciales.
Los cuestionamientos del MID y Generar
El proyecto también recibió cuestionamientos desde otros sectores opositores. Desde el Movimiento de Integración y Desarrollo, Fernando Baigorrí anticipó su rechazo. Su principal objeción estuvo vinculada con la posibilidad de vender, transferir o enajenar propiedades mineras pertenecientes a CAMYEN y con la falta de precisión que, según sostuvo, existía sobre algunos mecanismos contemplados en la iniciativa.
Baigorrí también expresó reparos respecto del acceso a la información pública cuando pudiera invocarse el secreto empresarial. Por su parte, Tiago Puente (Generar) anticipó el voto negativo de su bloque y cuestionó que la adecuación societaria fuera utilizada, según su interpretación, para avanzar en una modificación más amplia del modelo de gestión minera provincial.
Puente vinculó esa posición con los cuestionamientos que su espacio viene realizando sobre la transparencia en la actividad minera y sobre el funcionamiento de CAMYEN.
Luego de un cuarto intermedio, el proyecto fue sometido a votación nominal y aprobado por mayoría con 29 votos positivos, 10 negativos y dos ausentes. La sanción incorporó modificaciones a dos artículos y la incorporación de otro, por lo que la iniciativa deberá volver al Senado para su revisión.
Agencias de Innovación
El segundo proyecto aprobado durante la sesión obtuvo media sanción y apunta a descentralizar las políticas de asistencia productiva. Se trata de la iniciativa impulsada por Armando López Rodríguez, que crea el Sistema Provincial de Agencias de Innovación Territorial (AIT) bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
La propuesta busca acercar asistencia técnica, capacitación, tecnología y herramientas de gestión y financiamiento a productores y emprendedores de los distintos departamentos.
López Rodríguez planteó que la iniciativa parte de una realidad concreta: las necesidades productivas no son iguales en todo el territorio. Por esa razón, propuso descentralizar las herramientas de acompañamiento y generar una presencia estatal más próxima a quienes producen. El sistema contempla al menos una agencia en cada departamento y plantea aprovechar la infraestructura de las actuales agronomías de zona, con el objetivo de jerarquizar su funcionamiento técnico y operativo.
La propuesta, de esta manera, no parte de la creación de estructuras completamente nuevas, sino de la transformación de espacios ya existentes en centros de asistencia y articulación productiva.
Maquinarias, tecnología y financiamiento
Entre las herramientas previstas por el Sistema Provincial de Agencias de Innovación Territorial se encuentra un banco departamental de maquinarias agrícolas e industriales, que permitiría compartir equipamiento. También se contempla la creación de nodos de transferencia tecnológica destinados a capacitaciones y a la aplicación de nuevas tecnologías.
A esto se suma una ventanilla única para facilitar trámites vinculados con financiamiento y líneas de crédito, evitando que productores y emprendedores tengan que trasladarse hasta la capital.
El proyecto también establece requisitos específicos para la conducción de las agencias. Cada una estará a cargo de un delegado regional de innovación, seleccionado mediante concurso público de oposición y antecedentes. Entre las exigencias se encuentran la formación profesional, experiencia y arraigo territorial, además de una residencia mínima de tres años en el departamento o región correspondiente.
En el cierre de su intervención, López Rodríguez sintetizó el objetivo de la iniciativa al señalar: "El desafío es que las distancias geográficas no se conviertan en distancias de oportunidades".
Las Juntas tendrá una fecha de aniversario oficial
El tercer proyecto tratado durante la jornada tuvo un resultado diferente: la Cámara lo convirtió en ley. Se trata de la iniciativa proveniente del Senado e impulsada por Romina Alejandra Williams, que establece el 1° de septiembre de cada año como aniversario de la localidad de Las Juntas, ubicada en el departamento Ambato.
La fecha elegida toma como referencia el 1° de septiembre de 1980, cuando se produjo la creación del municipio mediante el Decreto Nacional 877/80.
Durante el tratamiento, Exequiel Moreno (FT), en carácter de miembro informante, señaló que la iniciativa busca reconocer institucionalmente una fecha significativa para la comunidad y generar una celebración que permita recuperar su historia, tradiciones e identidad.
La propuesta también vincula la conmemoración con el potencial turístico y cultural de la localidad, al considerar que el aniversario puede incorporarse al calendario de actividades de la provincia y convertirse en una fecha de encuentro para vecinos y visitantes.
El texto plantea la participación de escuelas, instituciones religiosas, agrupaciones gauchas, organizaciones sociales y demás actores de la comunidad. Moreno destacó además el trabajo de investigación realizado por el profesor de Historia Mariano Hernán Tua, destinado a reconstruir los antecedentes históricos que sustentan la iniciativa, y subrayó la importancia de preservar la memoria local.
Así, la novena sesión ordinaria de la Cámara de Diputados dejó tres definiciones legislativas de distinto alcance: una reforma estructural de CAMYEN que deberá ser revisada por el Senado, un sistema de agencias destinado a acercar innovación y asistencia productiva a los departamentos y una ley que institucionaliza una fecha de identidad para Las Juntas. En conjunto, los debates atravesaron cuestiones vinculadas con minería, controles, innovación, producción, descentralización, identidad y memoria comunitaria.