El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de ejecutar la pena derivada del caso Vialidad, resolvió disponer nuevos embargos preventivos y cautelares sobre un conjunto de bienes inmuebles y activos societarios vinculados con los condenados.
La medida se inscribe en una segunda etapa de decomisos y tiene como objetivo preservar los bienes mientras continúa el trámite destinado a determinar su eventual destino definitivo. En el marco del caso, los condenados deben cubrir un monto establecido en 685.000 millones de pesos, cifra vinculada al fraude al Estado determinado por la Justicia.
Entre los bienes alcanzados por las nuevas medidas se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario. El inmueble pertenece a Los Sauces, la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner que fue investigada por lavado de activos. La inclusión de esta propiedad abre además un interrogante sobre la continuidad del domicilio en el que la ex Presidenta cumple actualmente su condena.
Sin embargo, el propio TOF 2 aclaró que el embargo preventivo no implica una subasta o realización inmediata del inmueble, ni modifica por el momento su titularidad registral definitiva.
Qué implica el embargo sobre San José 1111
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso explicaron que las nuevas medidas buscan garantizar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras se sustancia el trámite de decomiso definitivo, con participación de las partes.
En ese sentido, la decisión tiene un carácter cautelar. El embargo procura evitar que los bienes puedan ser transferidos, gravados o sustraídos durante el proceso. El criterio fijado por el tribunal establece que la medida:
- No constituye un decomiso automático.
- No implica una subasta inmediata.
- No priva todavía de manera definitiva la propiedad.
- Garantiza que los bienes permanezcan disponibles para una eventual ejecución.
- Permite conservar la "aptitud real" de la jurisdicción para ejecutar los bienes.
- Busca evitar que los activos sean transferidos, gravados o sustraídos durante el trámite.
Por eso, aunque el departamento de San José 1111 quedó alcanzado por el embargo, todavía debe sustanciarse el proceso correspondiente para determinar su destino definitivo.
El antecedente de las primeras 111 propiedades
La nueva resolución se produce mientras todavía permanece pendiente una primera etapa de decomisos. La primera tanda incluyó 111 propiedades requeridas por el fiscal Luciani y aprobadas por el TOF 2. Esos bienes se encuentran actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.
En noviembre, el tribunal había ordenado el decomiso de:
- 20 propiedades de la familia Kirchner.
- 85 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas.
- 6 inmuebles correspondientes a los demás acusados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal convalidó el criterio adoptado por el TOF 2 respecto de los bienes que habían sido identificados por el Ministerio Público Fiscal para su decomiso y ordenó avanzar en consecuencia. Sin embargo, Cristina Kirchner y su ex socio comercial recurrieron ese fallo. Por ese motivo, la decisión definitiva sobre esa primera tanda de bienes quedó en manos del máximo tribunal.
Mientras la Corte analiza esa queja, el TOF 2 continúa avanzando en Comodoro Py sobre una nueva nómina de bienes.
144 bienes y los activos de la familia Kirchner
La segunda etapa contempla 144 bienes entre propiedades y vehículos, además de paquetes accionarios correspondientes a distintas empresas.
Dentro de ese listado también fueron incluidos más de cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia. La decisión de avanzar sobre propiedades vinculadas con Máximo y Florencia Kirchner fue fundamentada por los jueces a partir de lo establecido en la sentencia condenatoria firme.
Según recordó el TOF 2, aquella sentencia determinó que la maniobra defraudadora desarrollada en la obra pública "generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner". Los magistrados señalaron además que durante el período investigado, entre 2003 y 2015, existió una conexión económica y comercial comprobada.
La sentencia, según consignaron los jueces, estableció que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y construyeron emprendimientos en hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto a título personal como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
A partir de esa relación, el tribunal sostuvo que el dinero del delito "circuló y se asentó en los activos de esas sociedades".
Los bienes incorporados entre 2003 y 2015
A partir de ese razonamiento, los jueces del TOF 2 fijaron un criterio respecto de los activos alcanzados por la ejecución patrimonial. Según la resolución, todos los bienes que los nueve condenados hayan incorporado a sus respectivos patrimonios entre 2003 y 2015 pueden ser decomisados.
El tribunal también señaló que resulta necesario avanzar con la cautela de los bienes correspondientes a esta segunda etapa para garantizar que puedan ser ejecutados si así corresponde.
La resolución citó el artículo 23 y explicó que esa norma permite alcanzar a personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado con el producto o provecho del delito. Asimismo, se indicó que la normativa permite avanzar sobre activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos gratuitamente a terceros.
Los paquetes accionarios de Los Sauces y Hotesur
Otro de los puntos incluidos en la resolución está relacionado con las participaciones accionarias de Los Sauces y Hotesur. Los magistrados recordaron que las acciones de ambas sociedades se encuentran embargadas desde la etapa de instrucción de la causa, en 2017.
En aquel momento, la Justicia analizó la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas y acciones que correspondían a Cristina Kirchner, tanto como parte de sus bienes gananciales como del acervo heredado, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia. El TOF 2 sostuvo que esa cesión no impide la ejecución patrimonial, dado que la condena y su consecuencia económica recaen sobre Cristina Kirchner.
De esta manera, el tribunal considera que la transferencia gratuita de esos activos no constituye un impedimento para que sean alcanzados por las medidas derivadas de la condena.
Más propiedades alcanzadas por las cautelares
El embargo dispuesto por el TOF 2 no se limita al departamento de San José 1111. En el Complejo Madero Center, la resolución incluye un dúplex y cinco cocheras, además de otro departamento, dos cocheras y una baulera. Según la información consignada, estos inmuebles tuvieron siempre un solo inquilino: Cristóbal López.
En la provincia de Santa Cruz, las medidas alcanzan el terreno correspondiente al Hotel La Aldea del Chaltén, inmueble que se encuentra usurpado desde hace más de dos años.
También fueron incluidos otros bienes y terrenos ubicados en El Calafate. La medida cautelar alcanza además a un grupo de propiedades de la familia Kirchner situadas en Río Gallegos. Entre ellas se encuentra el chalet de la ex Presidenta ubicado sobre la costanera local y otras viviendas ubicadas en:
- Alvear 395.
- Moreno 882.
- 25 de Mayo 66.
Los más de cinco millones de dólares de Florencia
El dinero atribuido a Florencia Kirchner constituye otro de los puntos de esta segunda etapa. En el pedido de nuevos bienes a decomisar, el fiscal Luciani incluyó los fondos que habían sido detectados a la hija de Cristina Kirchner en el marco de la causa Hotesur.
Se trata de más de cinco millones de dólares, que se encontraban depositados en una caja de seguridad. Según el planteo judicial, la familia Kirchner nunca logró explicar ante la Justicia el origen lícito de esas divisas.
En un segundo escrito, al que accedió Clarín, el TOF 2 dejó asentado además que el Banco Galicia continúa sin responder los pedidos judiciales destinados a conocer el estado de esos dólares y determinar si existen más fondos depositados en otras cajas de seguridad y cuentas.