La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, y confirmó que el decomiso de bienes dictado en el marco de la causa Vialidad debe permanecer bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2.
La decisión, firmada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, ratifica la competencia del tribunal de Comodoro Py para ejecutar la medida patrimonial que alcanza los 684.990 millones de pesos, monto determinado como el perjuicio económico ocasionado al Estado por las maniobras de fraude en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas.
Con este fallo, la Casación desestimó el planteo de la expresidenta, quien buscaba trasladar la ejecución al Fuero Civil y Comercial, bajo el argumento de que el decomiso constituía una acción de tipo resarcitoria. Sin embargo, los magistrados sostuvieron que se trata de una consecuencia penal directa de la condena y que su finalidad es despojar a los responsables de los beneficios económicos derivados del delito.
"El decomiso se ha convertido en un pilar esencial de la investigación penal contemporánea, indispensable para desmantelar redes corruptas incrustadas en el Estado", remarcaron los jueces en los fundamentos de la resolución, acompañando la postura del fiscal general ante Casación, Mario Villar.
Villar había solicitado al tribunal evitar nuevas dilaciones en la aplicación del decomiso y explicó que la cifra fijada responde a la "manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados y a los sobreprecios plasmados en las adjudicaciones de contratos de obra pública".
El fiscal también aclaró que el planteo de Cristina Kirchner parte de una "confusión conceptual", ya que el decomiso "no es una indemnización civil, sino una herramienta del Estado para recuperar los bienes que sirvieron para cometer delitos o que son fruto de ellos".
En su presentación, la defensa de la exmandataria había objetado tanto el monto fijado como el método de actualización utilizado por el tribunal oral. Los abogados de Kirchner plantearon que la suma debía reducirse a unos 42.000 millones de pesos, según cálculos propios basados en la tasa pasiva promedio del Banco Central.
Sin embargo, Casación convalidó el criterio del Tribunal Oral Federal N°2, que actualizó la cifra conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), al considerar que este método preserva el valor real del perjuicio económico frente a la inflación.
Los jueces descartaron que existiera arbitrariedad o error de interpretación normativa, y subrayaron la obligación de aplicar el decomiso como medida accesoria a la condena penal, en concordancia con el Código Penal argentino y las convenciones internacionales contra la corrupción.
Con este pronunciamiento, el Tribunal Oral Federal N°2 queda habilitado para avanzar con la ejecución patrimonial de los bienes embargados a Cristina Kirchner, Báez y los demás condenados, ante la falta de pago voluntario.
La causa Vialidad, en la que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, se encuentra actualmente en revisión ante la Corte Suprema, aunque el fallo de Casación sobre el decomiso deja firme el avance del proceso de recuperación de activos.
De esta manera, el máximo tribunal penal del país reafirmó el carácter penal del decomiso como una herramienta clave para combatir la corrupción y restituir al Estado los fondos sustraídos a través de maniobras fraudulentas en la obra pública.
