En un avance decisivo para el cierre judicial de uno de los expedientes más relevantes de la historia reciente, la Cámara Federal de Casación Penal ha puesto fecha para definir el destino del patrimonio de los condenados en la denominada Causa Vialidad. La Sala IV del máximo tribunal penal del país fijó para el próximo 5 de marzo a las 11.30 la audiencia en la que se comenzarán a tratar los recursos interpuestos contra el decomiso de bienes.
Esta instancia judicial se enmarca en la ejecución de la condena firme que pesa sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros ex funcionarios. El foco de la sesión estará puesto en la cifra establecida como reparación al Estado nacional por el direccionamiento irregular de la obra pública en la provincia de Santa Cruz: un monto que asciende a la suma de $684.990.350.139,86.
El tribunal y la actualización de los montos
La convocatoria fue dispuesta por los magistrados que integran la Sala IV: los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Ellos serán los encargados de estudiar las apelaciones contra la resolución que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) dictó el 18 de noviembre de 2025.
Es imperativo destacar la evolución del monto en litigio. Originalmente, la cifra se había fijado en $84.835.227.378,04, pero tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, el valor fue reformulado y actualizado a los más de 684 mil millones de pesos actuales. Este proceso de actualización responde a la necesidad de ajustar la reparación económica al valor real de los daños determinados en la sentencia firme.
Los condenados y el cumplimiento de las penas
La situación procesal de los implicados quedó sellada el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los recursos extraordinarios, confirmando así la sentencia del TOF 2 y su ratificación por Casación. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, bajo el cargo de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Actualmente, la ex mandataria cumple su pena bajo el régimen de prisión domiciliaria en un departamento ubicado en la calle San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires.
Junto a ella, la nómina de responsables confirmados incluye a:
Lázaro Báez (empresario).
José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas).
Nelson Guillermo Periotti (ex titular de Vialidad Nacional).
Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe (ex funcionarios de Vialidad Provincial de Santa Cruz).
Radiografía del patrimonio afectado
En la fase inicial de esta ejecución, el TOF 2 ordenó el decomiso de 111 bienes pertenecientes a la ex presidenta y a Lázaro Báez, incluyendo activos de firmas vinculadas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. La mayoría de estos inmuebles se sitúan en Río Gallegos y El Calafate, y deben ser tasados previo a una eventual subasta pública.
No obstante, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, ha solicitado recientemente una ampliación significativa del decomiso. El nuevo pedido busca incorporar:
141 inmuebles adicionales (13 de sociedades de la familia Kirchner y 128 vinculados a Báez).
46 vehículos de distinta gama.
USD 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
Diversas sumas en dólares depositadas en cuentas bancarias.
Entre los activos más emblemáticos identificados para su incautación figuran el hotel La Aldea en El Chaltén, departamentos y cocheras en el complejo Madero Center (Puerto Madero) y, llamativamente, el inmueble de la calle San José 1111, donde actualmente se ejecuta el arresto domiciliario de la ex vicepresidenta.
El conflicto por los bienes de terceros y herederos
Uno de los puntos de mayor fricción que deberá resolver la Sala IV de Casación es la inclusión de 19 propiedades que hoy figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Estos bienes fueron recibidos por herencia y sus titulares no fueron condenados en este proceso. El TOF 2, sin embargo, dispuso la ejecución solidaria sobre los bienes de los nueve condenados, integrando estas propiedades al esquema de recuperación de activos.
Las defensas alegan que esta medida vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y el debido proceso, al afectar a terceros ajenos a la causa penal. En contraposición, el fiscal ante Casación, Mario Villar, ha solicitado confirmar lo resuelto, argumentando que se deben analizar los "patrones de incremento patrimonial injustificado" y la conexión directa entre el delito de administración fraudulenta y la expansión del patrimonio familiar.
La audiencia del 5 de marzo será la instancia definitiva donde las partes expondrán sus argumentos finales ante la Sala IV, determinando si el Estado logrará finalmente ejecutar el decomiso multimillonario previsto para resarcir el perjuicio ocasionado por la obra pública santacruceña.