La Defensoría del Pueblo de Catamarca rompió el silencio tras el adverso fallo de la Cámara Federal de Tucumán y en conferencia de prensa, el titular del organismo, Dalmacio Mera, anunció formalmente que presentarán un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El objetivo es revertir la sentencia que declaró improcedente la acción colectiva promovida contra la suspensión masiva de pensiones por discapacidad. Este movimiento judicial no es una acción aislada; representa el último bastión de defensa para miles de personas cuya estabilidad económica y acceso a la salud dependen de estos haberes.
Mera no estuvo solo. Lo acompañaron Daniel Escobar Correa, Defensor del Pueblo de Santiago del Estero; Griselda Bazán, presidenta de la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad (Apyfadim) y los abogados asesores de la Defensoría, Federico Sánchez Ruiz y Florencia Da Prá.
Críticas a la Justicia
La postura de la Defensoría frente al fallo de la Cámara Federal de Tucumán es de un rechazo técnico y ético. Según Dalmacio Mera, la decisión de los jueces fue "extremadamente apegada a formalismos", priorizando tecnicismos procesales por sobre el fondo de la cuestión: la vulnerabilidad de las personas con discapacidad.
Mera fue un paso más allá al calificar la resolución como "arbitraria", señalando que el tribunal de alzada omitió situaciones concretas y evidencias críticas expuestas detalladamente en el expediente. La Cámara había argumentado que la acción no reunía los requisitos para ser considerada un proceso colectivo, alegando falta de homogeneidad suficiente entre los casos y cuestionando la legitimación de la Defensoría de Catamarca para accionar contra un organismo de órbita nacional.
Sin embargo, el equipo jurídico, de manera unánime, sostiene que estas barreras administrativas no deben estar por encima del derecho a la subsistencia. "Vamos a recurrir la sentencia de la Cámara respecto del fallo de primera instancia", afirmó Mera con firmeza ante los medios y sectores de la oposición que habían criticado el revés judicial.
El impacto en cifras
La magnitud de la medida administrativa que motiva este conflicto judicial es alarmante. Los datos presentados por la Defensoría arrojan luz sobre el alcance real de las auditorías y las bajas. Por caso se dijo que en Catamarca hay 4.322 beneficiarios que han sido directamente afectados. A nivel nacional se estima que el colectivo alcanza a unas 120.000 personas.
Ahora y al no estar firme la sentencia de la Cámara y mantenerse la vía recursiva, los efectos del fallo de primera instancia siguen vigentes. Este último punto es vital para la tranquilidad de las familias: quienes venían percibiendo el beneficio lo siguen cobrando mientras el proceso judicial continúe su curso hacia la Corte Suprema.
Auditorías sin debido proceso
Uno de los puntos centrales de la argumentación de la Defensoría es la falta de sustento individual para las bajas masivas. Mera aclaró que el organismo no se opone a la transparencia ni a la realización de auditorías, pero sí al procedimiento aplicado. "No hay una sola prueba en el expediente que diga que una persona determinada presentó un certificado falso y por eso se le dio de baja", sostuvo el Defensor.
La lógica de la Defensoría es clara: si un recurso es percibido de forma indebida, debe ser reasignado a quien realmente lo necesita. No obstante, lo que resulta inaceptable para la institución es la baja masiva sin respetar el debido proceso. La falta de pruebas individuales que justifiquen la quita de derechos adquiridos es, para los asesores Sánchez Ruiz y Da Prá, el núcleo de la arbitrariedad que la Corte Suprema deberá evaluar.