Con la reciente sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional se prepara para dar el siguiente paso en su agenda parlamentaria: impulsar la aprobación de una nueva ley de financiamiento universitario en la primera semana de marzo, ya bajo el período de sesiones ordinarias. El texto, ingresado a la Cámara baja el jueves último, propone reformular la normativa 27.795 —que tuvo insistencia opositora— mediante un esquema que combina actualización por inflación para gastos, recomposición salarial escalonada y refuerzos específicos para hospitales escuela.
La iniciativa fue trabajada en los despachos de Balcarce 50 y tuvo como protagonistas a la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzabal Murphy, y a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, liderada por Alejandro Álvarez. Este último, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día antes de la presentación formal del proyecto en el Congreso. Se trata, además, de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.
Optimismo oficial y hoja de ruta parlamentaria
En la Casa Rosada prevalece el optimismo respecto de la suerte legislativa del proyecto. En el entorno de Javier Milei confían en que la ley será sancionada gracias al acompañamiento de los aliados cuando el Congreso retome su actividad ordinaria tras el período de sesiones extraordinarias. La estrategia oficial contempla que la discusión avance en paralelo con otras iniciativas consideradas relevantes, como la reforma tributaria que —según la definición gubernamental— "ordena el sistema de impuestos".
En contraste, los cambios en el sistema previsional no serán debatidos este año, al menos por ahora. En el Gobierno evalúan que cualquier modificación en esa materia requiere previamente fortalecer el mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, ese proceso podría consolidarse en los próximos años.
Claves técnicas del proyecto
El corazón del proyecto se despliega en una serie de artículos que redefinen los mecanismos de actualización presupuestaria y recomposición salarial.
Artículo 3° (que sustituye el art. 3° de la 27.795):
Propone que la actualización de los gastos de funcionamiento confluya con la inflación observada (IPC-INDEC) cuando esta supere el 14,3%, definido como "el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026".
En términos concretos:
Si la inflación efectiva supera el 14,3%,
El crédito destinado a las actividades 14 (Funcionamiento),
15 (Hospitales Universitarios) y
16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26
Se ajustará para preservar el incremento real.
El objetivo declarado es evitar que el desfasaje inflacionario erosione las partidas destinadas al funcionamiento universitario, los hospitales y el sistema científico-tecnológico dentro de las casas de estudio.
Artículo 4°:
Establece un refuerzo específico para el sistema de salud universitario. El texto es explícito:
"Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 'Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios'... con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario".
El monto, $80.072.460.000, apunta a robustecer la red de hospitales universitarios, considerados piezas centrales tanto en la formación profesional como en la atención sanitaria.
Artículo 5°:
En materia salarial, fija una recomposición correspondiente a 2025 que será paga en 2026 para docentes y no docentes. El esquema contempla:
Tres incrementos del 4,1% cada uno,
Aplicables en marzo, julio y septiembre,
Calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025,
Lo que totaliza un 12,3%.
Además, ordena al Poder Ejecutivo convocar a paritarias obligatorias dentro del mes de sancionada la ley, con una periodicidad no mayor a tres meses. La norma aclara que dicha convocatoria "deberá ser abarcativa del personal docente y no docente".
Reacciones sindicales y advertencias
El proyecto no tardó en generar críticas. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba —uno de los gremios que agrupa a los docentes universitarios—, sostuvo que la iniciativa oficial "consolida el ajuste sobre nuestros salarios".
En ese marco, reclamó "el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick".
La respuesta sindical anticipa un escenario de conflictividad. "Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal", anunció Perazzi.
Un debate que trasciende el presupuesto
La discusión en torno al financiamiento universitario no se limita a cifras y porcentajes. En juego está el equilibrio entre la disciplina fiscal que promueve el oficialismo y la sostenibilidad del sistema público de educación superior, que incluye docencia, investigación y salud universitaria.
Mientras el Gobierno apuesta a consolidar su agenda legislativa en marzo, con el respaldo de aliados parlamentarios, los gremios anticipan medidas de fuerza y reclaman la vigencia plena de la normativa previa. El Congreso será, una vez más, el escenario donde se definirá no solo la arquitectura presupuestaria del sistema universitario, sino también el alcance político de la nueva etapa abierta tras la reforma laboral.