El fiscal general Mario Villar desestimó el planteo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, quienes habían solicitado que la ejecución de los bienes decomisados en la causa Vialidad pase al fuero Civil y Comercial. En su dictamen, el funcionario solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 que avance con la medida y mantenga el trámite en el ámbito penal.
Villar explicó que "el decomiso busca eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas de manera ilícita, que podrían incentivar nuevos delitos", por lo que los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso deben continuar con la ejecución.
Argumentos del fiscal
Según el fiscal, el pedido de la defensa buscó dilatar el proceso, cuestionando tanto el monto fijado como el método utilizado por los peritos para su cálculo. Villar aclaró que la cifra surge de la "manipulación ilícita de los procesos licitatorios investigados y de los sobreprecios en las obras públicas adjudicadas a empresas vinculadas a Báez".
"El decomiso —recordó Villar— no equivale a una indemnización civil, sino que es una herramienta penal del Estado para recuperar los bienes ligados a actividades ilícitas".
En esa línea, insistió en que el trámite debe continuar bajo la jurisdicción del fuero penal de Comodoro Py, ya que responde a una condena firme dictada conforme a las reglas del debido proceso.
El avance del proceso judicial
Mientras la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, analiza el último planteo de la defensa, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron que se avance sin demoras en la ejecución de 20 inmuebles pertenecientes a la familia Kirchner.
El Tribunal Oral Federal N° 2, sin embargo, decidió esperar la resolución de Casación antes de dictar una nueva medida. La Cámara tiene ahora cinco días hábiles para pronunciarse, un paso clave que podría habilitar la ejecución de los bienes decomisados.
El debate por el método de cálculo
La Cámara de Casación ya había confirmado que Cristina Fernández de Kirchner deberá devolver $684 mil millones por los delitos de corrupción en la obra pública por los cuales fue condenada.
El fallo ratificó el criterio del Tribunal Oral Federal N° 2, que actualizó el monto del decomiso utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para preservar el valor real del dinero frente a la inflación.
La defensa de la expresidenta había cuestionado el método, proponiendo un cálculo alternativo basado en la tasa pasiva promedio del Banco Central, lo que reducía la cifra a $42.000 millones.
Los jueces desestimaron ese argumento al considerar que el uso del IPC no es arbitrario ni irrazonable, y que las defensas no lograron demostrar errores normativos ni arbitrariedad en el fallo.
Además, la sentencia reafirmó que el decomiso es una consecuencia obligatoria de la condena penal, en línea con el Código Penal argentino y los tratados internacionales contra la corrupción.
Implicancias institucionales
En todo el país —incluida Catamarca, donde se tramitan causas por presunto manejo irregular de fondos públicos—, el avance de este proceso es seguido con atención por su valor como precedente judicial. La aplicación estricta del decomiso refuerza la idea de que los bienes obtenidos de forma ilícita deben ser restituidos al Estado, un principio clave para fortalecer la transparencia en la gestión pública.