La causa judicial que investiga un presunto esquema de coimas y direccionamiento de contrataciones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra esta semana en una etapa clave. Luego de mantenerse bajo secreto de sumario durante tres meses, el expediente comienza su tramo más sensible con el inicio de una serie de indagatorias a exfuncionarios, empresarios y operadores del sector farmacéutico y médico. En total, quince personas fueron citadas a declarar por su presunta participación en maniobras que habrían generado sobreprecios por más de 43.000 millones de pesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.
El primer citado es el empresario Miguel Ángel Calvete, quien deberá comparecer este martes ante el juez federal Sebastián Casanello. Su declaración será la puerta de entrada a una ronda de testimonios que se extenderá hasta principios de diciembre. Un día después será el turno de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y señalado en la investigación como uno de los principales responsables del presunto entramado de corrupción dentro del organismo.
La causa también incluye a un grupo amplio de exfuncionarios, profesionales de la salud y representantes de droguerías. En paralelo al inicio de las declaraciones, el juez Casanello dispuso la detención del urólogo Pablo Atachabahian, exfuncionario del organismo, quien se negó a declarar y quedó alojado bajo prisión domiciliaria. Su nombre aparece reiteradamente en los chats y documentos incorporados al expediente, donde se lo vincula tanto con prestadores médicos como con proveedores de insumos.
Además de Spagnuolo, Calvete y Atachabahian, también están apuntados Daniel María Garbellini, número dos de la agencia; Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, funcionaria del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI). La investigación señala que estos funcionarios integraban una estructura capaz de manipular el sistema informático SIIPFIS, herramienta utilizada oficialmente para dar transparencia a las contrataciones públicas.
La causa también alcanza a supuestos operadores externos. Una de ellas es Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien según la investigación habría intervenido de manera irregular en gestiones internas del organismo a pedido de Atachabahian. El expediente también menciona vínculos directos entre la ANDIS y las droguerías New Farma y Floresta, cuyos presidentes, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, mantienen una relación de pareja. En esa misma línea aparece Patricio Gustavo Rama, director suplente de New Farma, señalado por mantener lazos comerciales y personales con Calvete y Atachabahian.
La trama de presuntos movimientos de dinero también incluye a personas ajenas al ámbito funcionario. La pareja de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, habría colaborado en el traslado de efectivo, mientras que Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví están acusados de movilizar fondos con conexiones en la aviación privada a través de las firmas Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.
Cronograma completo de indagatorias
Miguel Ángel Calvete: 18 de noviembre
Diego Orlando Spagnuolo: 19 de noviembre, 13 h
Daniel María Garbellini: 20 de noviembre, 13 h
Eduardo Nelio González: 28 de noviembre, 12 h
Lorena Di Giorno: 28 de noviembre, 13 h
Roger Edgar Grant: 1 de diciembre, 13 h
Luciana Ferrari: 2 de diciembre, 11 h
Federico Maximiliano Santich: 2 de diciembre, 12 h
Guadalupe Ariana Muñoz: 3 de diciembre, 12 h
Patricio Gustavo Rama: 4 de diciembre, 10 h
Ruth Noemí Lozano: 4 de diciembre, 11 h
Andrés Horacio Arnaudo: 5 de diciembre, 10 h
Silvana Vanina Escudero: 5 de diciembre, 11 h
Alejandro Gastón Fuentes Acosta: 5 de diciembre, 12 h
Qué investiga la Justicia
El fiscal federal Franco Picardi busca determinar si dentro de la ANDIS operó un mecanismo sostenido de corrupción que direccionaba contrataciones públicas mediante el uso del sistema SIIPFIS y generaba perjuicios millonarios al Estado. Según explicó el Ministerio Público, la agencia habría funcionado como una estructura "articulada y sostenida" para manipular procesos, aprobar expedientes y habilitar pagos indebidos.
Entre las pruebas reunidas aparecen movimientos financieros sospechosos, remisión de efectivo, transferencias entre droguerías y firmas vinculadas, emisión de cheques y operaciones que podrían constituir maniobras de lavado de dinero. Los investigadores detectaron conexiones entre Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., que habrían operado de manera coordinada para repartirse contrataciones y sobreprecios.
Las indagatorias de esta semana serán determinantes para establecer la responsabilidad de cada involucrado y definir si el expediente avanza hacia procesamientos formales.