La convocatoria al Concurso N.º 2 de Supervisores en la provincia de Catamarca, presentada por el Gobierno como un gesto de jerarquización de la carrera docente, enfrenta serias críticas por parte de la diputada provincial Silvana Carrizo, quien la califica de "proceso restrictivo, improvisado e incompleto". La legisladora sostiene que, lejos de ser una oportunidad para profesionalizar el sistema educativo, la iniciativa presenta profundas contradicciones e irregularidades que excluyen a miles de docentes con trayectoria.
Según Carrizo, el decreto que habilitaría el concurso fue notificado a las escuelas con apenas 24 horas de antelación para que los docentes enviaran sus "sugerencias", un plazo que la diputada considera un "diálogo ficticio" donde las opiniones no son escuchadas.
Exclusión y burocracia
Uno de los principales puntos de conflicto es la limitación de la participación. "Después de muchos años sin concursos de ascenso, la convocatoria ahora restringe la participación a quienes hoy ocupan cargos de gestión, dejando afuera a miles de docentes con trayectoria y mérito", remarcó Carrizo. La diputada sostiene que el Estado, al no convocar concursos durante décadas, ahora castiga a quienes permanecieron en cargos base.
Además, la legisladora cuestionó los requisitos burocráticos y las condiciones arbitrarias del proceso. "Se pide un proyecto de gestión a 4 años, pero no se aclara qué ocurre con el cargo de origen, qué pasa si las metas no se cumplen o si existe posibilidad de revalidar. Esto genera inseguridad jurídica y laboral", enfatizó.
Falta de transparencia y garantías
En materia de transparencia, la diputada denunció varias irregularidades. Remarcó que el borrador del decreto menciona un Anexo II con los cargos vacantes que nunca fue notificado, lo que deja la definición de vacancias en manos del Ejecutivo. Asimismo, advirtió que el orden de mérito favorece a los equipos técnicos y de supervisión que "acumulan certificaciones y antecedentes inaccesibles para los docentes de aula".
Carrizo también puso en duda la imparcialidad de los tribunales del concurso y señaló que la ausencia de mecanismos claros de recusación "abre la puerta a la judicialización".
Otro de los puntos de crítica es la injerencia del Ministerio de Trabajo en un ámbito regulado exclusivamente por el Estatuto Docente. Para la diputada, lo que debería ser un instrumento de fortalecimiento del sistema educativo se transforma en un "procedimiento restrictivo, tardío y oportunista".
Un concurso "políticamente cooptado"
Para la diputada, el discurso oficial sobre la "profesionalización" del sistema contrasta con un concurso que, en los hechos, se convierte en un "mecanismo de cooptación política sobre los cargos de supervisión".
Finalmente, Carrizo exigió que se respete el Estatuto Docente, se publiquen de manera clara los cargos a concursar, se garantice igualdad real en el acceso al orden de mérito y se termine con la "utilización política del concurso".
"Un concurso docente debe ser transparente, participativo y con reglas claras. No puede transformarse en un instrumento de exclusión ni en una herramienta de manipulación. Está en juego la calidad educativa y la dignidad de la docencia catamarqueña", concluyó.