En medio del creciente escándalo conocido como "Criptogate", el Gobierno nacional busca evitar que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente ante el Congreso el próximo 22 de abril. La interpelación, aprobada por la Cámara Baja, forma parte de las acciones impulsadas por la comisión investigadora que busca esclarecer la polémica en torno a la promoción de la criptomoneda Libra, difundida por el presidente Javier Milei en redes sociales.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue tajante al declarar que Caputo "no tiene nada que ver" con la polémica y que su presentación "no tiene sentido". Estas afirmaciones se producen mientras crece la presión institucional y mediática para que los principales funcionarios del Ejecutivo den explicaciones claras sobre el rol que desempeñaron en la difusión de activos digitales desde el más alto nivel del Gobierno.
Avanza la comisión investigadora por el caso Libra: tensiones políticas y desafíos en el Congreso
La comisión investigadora sobre el escándalo Libra fue recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y estará integrada por 28 legisladores. De ese total, la mitad proviene del oficialismo y aliados, incluyendo al PRO, MID, UCR y otras fuerzas provinciales afines al presidente Milei. La otra mitad está conformada por miembros de la oposición: Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Este equilibrio político genera una situación compleja para avanzar en la investigación. La comisión deberá definir primero a sus autoridades, eligiendo presidente, vicepresidente y secretario. La normativa establece que el presidente no podrá desempatar con doble voto, lo que obligará a construir consensos para avanzar, evitando bloqueos o parálisis institucional.
Atribuciones clave: qué puede investigar la comisión sobre el escándalo de la criptomoneda Libra
La comisión tendrá un mandato de tres meses y amplias competencias para investigar la cadena de responsabilidades políticas detrás de la promoción de la criptomoneda Libra, realizada por el presidente Milei el pasado 14 de febrero a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter).
El objetivo será determinar el grado de participación de los principales funcionarios del Ejecutivo, incluyendo no solo a Javier Milei, sino también a Karina Milei (secretaria de la Presidencia), Manuel Adorni (vocero presidencial), Luis Caputo y otras autoridades mencionadas en el caso.
Entre las facultades asignadas, se destaca la posibilidad de remitir oficios a entes públicos y privados, solicitar informes y antecedentes, citar a cualquier funcionario —incluso al Presidente—, y recibir denuncias o declaraciones testimoniales. Estas herramientas otorgan a la comisión un poder real para avanzar en una investigación que podría tener consecuencias institucionales y judiciales relevantes.
El escándalo Libra pone a prueba la transparencia del Gobierno y su relación con el Congreso
El caso Libra se ha transformado en uno de los mayores desafíos institucionales para el Gobierno de Javier Milei. La decisión de evitar la presencia de Luis Caputo en el Congreso genera tensiones políticas y puede interpretarse como una estrategia para desmarcar al equipo económico de un conflicto que compromete la imagen del Ejecutivo.
Mientras tanto, la comisión investigadora del Congreso enfrenta el reto de actuar con independencia, superar diferencias internas y aportar claridad sobre un hecho que pone en cuestión los límites entre la política, los activos digitales y la comunicación presidencial. Las próximas semanas serán clave para observar hasta dónde está dispuesto el oficialismo a colaborar con el esclarecimiento del caso, y qué impacto real tendrá esta investigación en el ámbito político y legal.
