La situación de los ciudadanos extranjeros detenidos en territorio venezolano ha alcanzado un nuevo pico de tensión internacional con el inicio de una medida de fuerza extrema en el corazón del sistema penitenciario de aquel país. El gendarme argentino Nahuel Gallo, oriundo de la provincia de Catamarca, ha tomado la drástica decisión de iniciar una huelga de hambre en el centro donde se encuentra privado de su libertad. Esta acción no representa un hecho aislado, sino que se enmarca en una protesta colectiva que involucra a más de 200 presos políticos que comparten su cautiverio en condiciones de severa precariedad.
La radicalización del reclamo comenzó formalmente el pasado viernes por la noche en el centro penitenciario conocido como Rodeo I, una instalación ubicada en las afueras de la ciudad de Caracas. Este recinto se ha convertido ahora en el epicentro de una denuncia masiva que busca visibilizar la situación jurídica de aproximadamente 214 internos, entre los que se cuentan tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros. La protesta busca denunciar de forma directa la exclusión de sus casos en la reciente normativa de alivio procesal, en un contexto donde el gendarme catamarqueño permanece bajo la gravísima acusación de "terrorismo".
El detonante de la protesta y la exclusión legal
El inicio de esta huelga de hambre masiva tiene una causa política y jurídica específica que ha calado hondo en el ánimo de los detenidos. El detonante fue la profunda decepción generada por los alcances de la reciente ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano. A pesar de las expectativas iniciales de una resolución para diversos casos de detenciones, la normativa impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, posee limitaciones restrictivas que afectan directamente al gendarme catamarqueño y a sus pares pertenecientes a diversas fuerzas de seguridad.
Los familiares de los detenidos han explicado que la normativa deja fuera de sus beneficios a los militares y miembros de fuerzas de seguridad que han sido procesados por delitos relacionados específicamente con la seguridad del Estado. Esta exclusión técnica fue el factor que impulsó a los internos a poner en riesgo su propia integridad física. Según detalló Shakira Ibarreto, familiar de otro de los policías detenidos en el mismo establecimiento penal, la decisión de dejar de ingerir alimentos fue una respuesta directa a los resultados de la ley, al constatar que la gran mayoría de los uniformados no tendría acceso a los beneficios de liberación previstos por el Parlamento.
Voces del entorno y preocupación diplomática
La noticia de la huelga de hambre fue difundida a través de los círculos cercanos a los detenidos, quienes actúan como el único puente de comunicación entre el interior del penal Rodeo I y la comunidad internacional. Yalitza García, suegra de Nahuel Gallo, fue quien informó inicialmente a la agencia AFP sobre la decisión del gendarme de sumarse a esta medida de fuerza radical. García confirmó que la protesta surge tras el descontento generalizado por el tratamiento legal que están recibiendo los funcionarios de seguridad, quienes enfrentan cargos que son recurrentes contra uniformados en aquel país.
La situación del catamarqueño genera una creciente preocupación tanto en su tierra natal como en los círculos diplomáticos de la región. El endurecimiento de las condiciones de protesta dentro de un contexto carcelario que ya se considera crítico incrementa exponencialmente el riesgo para la salud de los huelguistas. Se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre la evolución del estado físico de Nahuel Gallo y los demás internos, mientras se aguarda por cualquier tipo de mediación internacional que pueda destrabar un conflicto donde la vida de un ciudadano argentino se encuentra en el centro de una disputa por la seguridad del Estado venezolano.
