Desde su departamento donde cumple prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente al Tribunal Oral Federal N.º 2 por las restricciones impuestas al régimen de visitas. La expresidenta denunció que solo se le permite recibir a familiares directos, custodios, abogados y médicos, y exigió que se autoricen visitas sin necesidad de previa autorización judicial.
A través de sus redes sociales, Cristina calificó la medida como un "régimen de exclusión totalmente arbitrario" que, según afirmó, no se aplica a ningún otro detenido en su misma condición. También ironizó sobre el alcance de las restricciones al preguntarse si existe "una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí".
La exmandataria fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Actualmente cumple esa pena en su domicilio.
"El resto de mis relaciones con el mundo exterior... amigos, amigas, compañeros... deberán pedir permiso al tribunal cada vez que quieran visitarme. Es un régimen violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos... te la debo", escribió.
Presentación judicial
Este viernes, los abogados defensores de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron un escrito ante el tribunal solicitando que se revoque la resolución que limita las visitas a su clienta. Argumentaron que la medida constituye una afectación concreta a sus garantías constitucionales.
"No parece sensato que esta clase de encuentros deba estar supeditada a la obtención de autorizaciones judiciales previas", señalaron los letrados en el documento.
Los defensores advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, podrían interponer un recurso de casación, acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso recurrir a organismos internacionales de derechos humanos. En la presentación, recordaron que quienes cumplen condena en un domicilio particular pueden ejercer todos los derechos que no están expresamente restringidos por la ley, amparados por el artículo 19 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema.
"Más allá de la privación de la libertad ambulatoria y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, nuestra asistida no ha perdido ninguno de los derechos inherentes a su condición humana, tanto civiles como políticos", concluyeron.