El pasado jueves, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su lugar de detención. El encuentro, sin embargo, sólo fue posible luego de que su defensa tramitara un permiso especial ante el tribunal de ejecución, debido al régimen de visitas restrictivo impuesto por la Justicia. La expresidenta solo puede recibir a familiares cercanos, equipo médico, abogados y custodios previamente autorizados. Toda otra persona requiere una habilitación particular.
Los abogados de Cristina apelaron estas condiciones, que consideran excepcionales incluso frente a detenidos por delitos de lesa humanidad. Mientras tanto, la fiscalía insiste en que la prisión domiciliaria resulta insuficiente y solicita su traslado a una cárcel común.
Entre los puntos en debate también se encuentra el uso de tobillera electrónica, medida que su defensa —encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy— califica como innecesaria, dado que en el domicilio de San José 1111 hay custodia permanente de la Policía Federal. Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola exigen que el dispositivo se mantenga.
Este lunes 8 de julio a las 12 del mediodía se celebrará una audiencia oral y pública ante la Cámara Federal de Casación Penal, donde las partes expondrán sus argumentos. Los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazaron un pedido de los fiscales para postergar la audiencia y darán curso a la instancia prevista.
Qué argumenta la fiscalía y qué plantea la defensa
Luciani y Mola sostienen que la expresidenta debe cumplir su condena por la causa Vialidad en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, al igual que los otros condenados en el caso. "No existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso", afirmaron.
Aunque aclaran que cada situación tiene particularidades, insisten en que no hay razones legales ni de seguridad para que reciba un trato diferente. Señalan además falencias de seguridad en el domicilio de Constitución, pese al informe judicial que lo avala como "100% apto", y piden que, de mantenerse la domiciliaria, se disponga un nuevo inmueble.
En contraposición, la defensa insiste en que no hay riesgo de fuga ni incumplimiento, y recuerda que la expresidenta siempre respetó las restricciones judiciales, incluso en sus viajes autorizados al exterior. También remarcan que el uso de tobillera "es un exceso" en un contexto donde Cristina tiene vigilancia permanente.
Además, sostienen que su detención domiciliaria no es un privilegio, sino una medida adecuada a su situación, especialmente considerando el intento de magnicidio que sufrió en 2022. "La seguridad personal de Cristina Fernández no está garantizada en un penal", advirtieron sus abogados.
Qué se viene
La audiencia de este lunes será determinante. Según el artículo 465 del Código Procesal Penal, la Cámara de Casación tiene 20 días corridos para resolver, aunque estos plazos no siempre se cumplen en la práctica.
Mientras tanto, la situación judicial de la expresidenta vuelve a estar en el centro de la escena, con impacto político y diplomático, en un contexto de creciente tensión institucional.