El bloque de diputados nacionales del PRO volvió a cuestionar este domingo la designación de los nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y negó haber facilitado la votación al retirarse del recinto de la Cámara de Diputados. Según sostuvo, la aprobación estaba definida de antemano por un acuerdo político entre La Libertad Avanza (LLA), Unión por la Patria (UxP) e Innovación Federal, que ya contaban con los votos necesarios para avanzar sin el acompañamiento del espacio que lidera Mauricio Macri.
La controversia cobra especial relevancia para provincias como Catamarca, ya que la AGN es el organismo encargado de auditar el uso de fondos nacionales, programas y recursos que también impactan en las administraciones provinciales y municipales.
Desde el espacio que conduce Cristian Ritondo afirmaron que la decisión de abandonar la sesión no respondió a una maniobra parlamentaria, sino a la voluntad de no convalidar un procedimiento que consideran inconstitucional. "Nunca vamos a convalidar la ilegalidad", expresaron en un comunicado oficial.
En ese sentido, el PRO remarcó que la votación se realizó de madrugada, sin transparencia y sobre un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a sesiones extraordinarias. "Nuestro retiro del recinto no tuvo como fin facilitar la votación, sino no convalidar con nuestra presencia un procedimiento abiertamente inconstitucional, que violó el artículo 63 de la Constitución Nacional", señalaron.
El argumento numérico y político
El bloque macrista insistió en que el resultado de la votación no dependió de su presencia ni de su voto. Desde esa perspectiva, sostuvieron que el desenlace estaba cerrado antes de iniciarse la sesión y que su ausencia no alteró el curso de los acontecimientos.
"El acuerdo ya estaba cerrado. La Libertad Avanza, el kirchnerismo y el bloque de Innovación Federal ya contaban holgadamente con las tres cuartas partes de los votos necesarios para habilitar el tratamiento y aprobar las designaciones. Finalmente, la votación se realizó con 189 votos. El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO", explicaron.
En paralelo, el espacio buscó despejar versiones que lo señalan como partícipe indirecto del acuerdo y subrayó que permanecer en el recinto, incluso para votar en contra, habría implicado legitimar un acto que consideran "viciado de nulidad absoluta".
"El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales", afirmaron.
La vía judicial como respuesta
Como parte de su estrategia, el PRO recordó que ya presentó una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la designación de los auditores. El recurso de amparo, impulsado por Ritondo, apunta a frenar los nombramientos de Pamela Caletti, Mónica Almada y José Forlón, bajo el argumento de que el procedimiento vulneró normas constitucionales y reglas básicas del funcionamiento parlamentario.
En presentaciones posteriores ante la propia AGN, el bloque insistió en que las designaciones carecen de competencia funcional, afectan el debido proceso legislativo y violan el principio de legalidad. "Esto determina que los actos dictados en su consecuencia resulten insanablemente nulos, conforme los principios generales del derecho público argentino", sostiene el escrito.
El conflicto se profundizó luego de que LLA lograra avanzar con la definición de los nuevos integrantes del organismo durante una sesión atravesada por la discusión del Presupuesto 2026. Desde el PRO sostienen que esa jugada implicó el incumplimiento de un acuerdo político previo y que la negociación directa del oficialismo con el kirchnerismo dejó al macrismo al margen.
En el Gobierno, en cambio, aseguran que la designación fue regular y relativizan la capacidad del PRO para disputar un lugar en el organismo de control. También descuentan que, pese al conflicto, el partido de Mauricio Macri mantendrá su acompañamiento en el Congreso.
Desde el PRO, sin embargo, cerraron filas con una definición política clara: aseguraron que no serán cómplices de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales y ratificaron que la disputa se resolverá en el ámbito judicial.