Cuánto ganan los legisladores provinciales en Argentina
Un relevamiento nacional expuso fuertes diferencias salariales entre las legislaturas del país. Los diputados de Santa Fe encabezan el ranking con sueldos que superan los $8,5 millones, mientras que los de Chaco no llegan al millón. ¿Qué pasa con los catamarqueños?

Mientras gran parte del país se prepara para renovar sus cámaras legislativas en las elecciones de 2025, un relevamiento nacional reveló cuánto cobran, en la práctica, los diputados provinciales en cada uno de los 24 distritos del país. Las diferencias son notorias y evidencian un esquema dispar y poco transparente en los sueldos que perciben los representantes provinciales.

El informe fue elaborado por el medio Ruido, aliado de Reverso —proyecto coordinado por Chequeado y AFP—, en el marco de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI). El estudio se basó en los últimos recibos disponibles (abril/mayo 2025) y comparó los salarios netos (de bolsillo) de diputados provinciales en las 24 jurisdicciones.

Los mejor y peor pagos del país

Los legisladores de Santa Fe lideran el ranking con sueldos netos de $8,5 millones, seguidos por los de Neuquén ($6 millones) y provincia de Buenos Aires ($5,6 millones). En el otro extremo se encuentran los diputados de Chaco, que cobran apenas $1 millón, seguidos por La Rioja ($1,5 millones) y Formosa ($1,8 millones).

Si se toma como parámetro el salario mínimo vital y móvil, que a partir de julio es de $317.800, un diputado santafesino cobra el equivalente a 27 sueldos mínimos, mientras que uno chaqueño percibe poco más de 3. El promedio nacional se ubica en $3,9 millones netos, o 12,4 sueldos mínimos.

Cómo se hizo el ranking

El relevamiento tomó como referencia un legislador testigo por provincia, evaluando el ingreso neto total, ya que muchos ítems salariales no figuran como "dieta" sino bajo otras denominaciones como gastos de representación, adicional por función o asignaciones especiales.

 

Por ejemplo, en Chaco, la dieta básica es de apenas $1.735, pero los ítems adicionales llevan el ingreso real a más de un millón de pesos. En contraste, si se consideraran sólo los sueldos "básicos", CABA lideraría con $6,9 millones, seguida por Buenos Aires ($6,6 millones) y Neuquén ($6,1 millones).

Factores que influyen en los ingresos

Los salarios varían según condiciones personales como antigüedad en la administración pública, título universitario, zona geográfica o traslados. Once provincias reconocen la antigüedad como ítem extra, mientras que siete contemplan el título profesional. Otras incluyen bonificaciones por zona desfavorable o conceptos informales como vales o gastos de bloque.

La falta de estandarización es evidente. Según Juan Krahl, de la organización Directorio Legislativo, "no hay un criterio nacional unificado sobre los componentes de las dietas o sobre cómo se fija el valor de cada módulo salarial". Esto impide comparar en igualdad de condiciones y favorece la opacidad en muchas legislaturas.

Catamarca, sin datos completos

En el caso de Catamarca, no se logró acceder a la información completa sobre el salario de los senadores provinciales, situación que se repite en otras provincias como Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Tampoco se obtuvieron datos sobre los diputados de Mendoza.

En la mayoría de los casos, los legisladores que aportaron recibos pidieron mantener el anonimato. Otros directamente se negaron a difundir la información.

Transparencia pendiente

"El acceso a estos datos es clave para transparentar el funcionamiento de las legislaturas", afirmó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. En la misma línea, Krahl advirtió que la discusión pública debe centrarse en poner la información sobre la mesa sin prejuicios, para evaluar si los ingresos son proporcionales a las responsabilidades y al contexto económico del país.

Una investigación previa de Ruido y Poder Ciudadano reveló que casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales ocultan información clave, como contrataciones, manejo de fondos y gastos. La disparidad salarial es apenas una muestra de la falta de transparencia estructural que aún persiste en el poder legislativo provincial argentino.