La Justicia ordenó el decomiso de más de 3 millones de dólares que el empresario Lázaro Báez mantenía en una cuenta en Bahamas, sumados a un millón de dólares depositados en un banco de Suiza. Además, dispuso rematar 56 propiedades de Báez y su hijo Martín, involucrados en la causa por lavado de dinero conocida como "la ruta del dinero K".
Entre los bienes a subastar figuran departamentos, lotes, casas, cocheras y quintas distribuidas en diferentes países, incluidas varias en Argentina. La medida se suma a un embargo previo por 320 millones de pesos, equivalente a seis veces el dinero que se estima fue lavado.
El juez Néstor Guillermo Costabel ordenó repatriar 2.981.646 dólares de una cuenta a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited en el Banco CBH de Bahamas, y 1.009.391 dólares de otra cuenta en ese mismo banco. También solicitó la transferencia inmediata del dinero depositado en la sociedad Tyndall Inc. Limitada del Banco Lombard Odier en Suiza, por un monto de 907.202 dólares más intereses.
Asimismo, el tribunal dispuso inscribir a nombre de la Corte Suprema de Justicia 56 propiedades de Báez y su hijo, y la adjudicación de sumas provenientes de la subasta de dos aviones vinculados al empresario.
Defensa denuncia "serios errores"
La defensa de Lázaro Báez presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°4 donde alertó sobre "serios errores" en la resolución. Aseguraron que se confundió multa con decomiso y que se avanzó sobre bienes que no pertenecen al empresario.
También cuestionaron la fecha de emisión del fallo y argumentaron que los bienes a decomisar deben haber formado parte del patrimonio del condenado antes o durante la comisión del delito, o provenir directamente de éste.
Advirtieron que la orden de transmitir inmuebles a favor de la Corte Suprema es ilegítima y puede acarrear graves consecuencias patrimoniales. Por ello, solicitaron que se deje sin efecto la resolución y, subsidiariamente, que se suspendan sus efectos hasta que se resuelva el recurso de casación que presentarán.
Origen y desarrollo del caso
La causa "la ruta del dinero K" comenzó en 2013 tras un informe periodístico que denunciaba que Báez, cercano a Néstor Kirchner y proveedor clave de obra pública en Santa Cruz, habría transferido ilegalmente 55 millones de dólares a cuentas en Suiza.
En 2016, tras nuevas pruebas, el juez Casanello ordenó la detención de Báez y su contador, por riesgo de fuga. La investigación reveló una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, realizó maniobras de lavado mediante la financiera SGI y una compleja red de empresas, logrando expatriar y reingresar fondos ilícitos por más de 54 millones de dólares.
Además de "La Rosadita", se acreditaron otros hechos de lavado como la compra de propiedades en Mendoza y Buenos Aires, gastos personales con dinero ilícito y adquisición de autos de lujo, vinculados a Báez y colaboradores.
En mayo de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena al empresario, rechazando los recursos presentados por su defensa.