La defensa de la expresidenta y el apoderado de sus herederos argumentan que la inclusión de las 19 propiedades en el decomiso vulnera el derecho de propiedad, el principio de inocencia y hasta convenciones internacionales al tratarse de bienes lícitos obtenidos por sucesión, ajenos al delito. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal deberá ahora revisar la decisión que puso en jaque el patrimonio de la familia Kirchner.

La compleja saga judicial de la causa Vialidad sumó un nuevo y crucial capítulo que pone en el centro el patrimonio de la familia Kirchner. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), responsable de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK) por administración fraudulenta, ha concedido las apelaciones presentadas por la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. De esta manera, el debate sobre la inclusión de 19 bienes a nombre de los hijos de la exmandataria en la orden de decomiso ha sido elevado a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal del país.

El Aalcance del decomiso

El núcleo del conflicto radica en la decisión del TOF2 del pasado 18 de noviembre, que dispuso el decomiso de bienes de los condenados (CFK y Lázaro Báez, entre otros), así como de las empresas vinculadas a este último. El monto del decomiso fijado en la condena, que el Tribunal considera firme y en etapa de ejecución, asciende a una cifra astronómica: $684.990.350.139,86.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado que, para cubrir esta cifra, se incluyeran bienes cedidos a Máximo y Florencia Kirchner, principalmente propiedades y parcelas ubicadas en las localidades de Río Gallegos y El Calafate.

Si bien los jueces del TOF2 (Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso) remarcaron en su reciente resolución que el monto del decomiso está firme, habilitaron las apelaciones ante Casación para que sea esta instancia superior la que defina si es legítimo incorporar las 19 propiedades que actualmente figuran a nombre de Máximo y Florencia, quienes no fueron imputados ni condenados en la causa Vialidad.

Los argumentos de la defensa

La estrategia legal de la familia Kirchner se centra en cuestionar la extensión del decomiso a bienes que consideran lícitos y ajenos al delito enjuiciado.

La Defensa de CFK: Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy alegaron que la resolución del TOF2 incurrió en una "contradicción" con decisiones previas de ese mismo Tribunal y de la Cámara de Casación. Además, esgrimieron un "avasallamiento" de lo establecido legalmente en normas supranacionales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

La Representación de los Hijos: Por su parte, el apoderado legal de Máximo y Florencia, Luis Goldin, elevó un planteo por "arbitrariedad" y "lesión del derecho de propiedad", sumado a la violación del principio de inocencia y el debido proceso. Goldin sostuvo que el Tribunal aplicó indebidamente el régimen de decomiso al extenderlo a bienes que son resultado de actos sucesorios y de cesión debidamente acreditados, sin que se haya probado relación alguna con el delito de administración fraudulenta.

En esencia, la resolución del TOF2 al conceder los recursos, resumió que los planteos apuntan a que el Tribunal habilitó un "modelo de decomiso amplio" y un "decomiso por valor equivalente" que proyectan "la sanción sobre bienes de origen lícito, ajenos al hecho enjuiciado" y que fueron obtenidos por actos sucesorios, figura que según la defensa, no está prevista en la ley.

El Camino a Seguir: Casación y la Amenaza de la Corte

La ex presidenta y sus hijos buscan una exclusión total de los bienes de la orden de decomiso. En caso de que la Cámara Federal de Casación Penal ratifique la decisión del TOF2, ya se anticipó la intención de los recurrentes de llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, a organismos internacionales, lo que podría prolongar la definición del destino final de estos inmuebles por años.

Por ahora, el TOF2 concedió las apelaciones, pero dispuso "tener presente para su oportunidad" el pedido de suspensión del decomiso. Los jueces argumentaron que las únicas diligencias pendientes son de carácter administrativo, como la tasación de las propiedades, y que por lo tanto "carecen de aptitud para ocasionar un gravamen actual".

La Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, es la que tendrá en sus manos la definición. Cabe recordar que esta misma Sala ya se encuentra analizando otros recursos de la expresidenta, como las restricciones a su régimen de visitas.

Los bienes en juego fueron individualizados por la Fiscalía como inmuebles adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, el período delimitado por el Tribunal como relevante para la maniobra delictiva. La resolución final de Casación será clave para determinar el alcance real de la pena de decomiso.