La reciente denuncia de la Coalición Cívica (CC) contra la gestión de Luana Volnovich al frente del PAMI ha destapado un presunto caso de defraudación que pone en el centro de la discusión los sobreprecios en la adquisición de medicamentos oncológicos. Según las acusaciones, los precios pagados por ciertos fármacos habrían sido hasta 16 veces más altos de lo razonable, lo que generó un impacto económico considerable para la obra social de los jubilados.
Detalles de la denuncia y los laboratorios involucrados
La denuncia presentada por la exdiputada Elisa Carrió, con el apoyo del diputado Hernán Reyes, se centra en supuestas irregularidades en las compras realizadas por el PAMI durante 2023. Carrió señaló a varias empresas farmacéuticas, incluidas Laboratorio Elea Phoenix S.A., GP Pharm S.A., Laboratorio Kemex S.A., Biosidus y Raffo S.A., entre otras. El documento apunta a un presunto delito de defraudación contra la administración pública, citando diferencias de precios injustificables entre distintos métodos de contratación.
Los mecanismos de compra del PAMI bajo escrutinio
En 2023, el PAMI utilizó dos procedimientos principales para la adquisición de medicamentos: el Convenio Marco y las Licitaciones Públicas. Tradicionalmente, el Convenio PAMI-Industria ha sido una herramienta clave para garantizar el acceso a medicamentos esenciales a precios pactados, con la participación de cámaras farmacéuticas como CILFA, Cooperala y CAEME. Sin embargo, la denuncia indica que este sistema, en lugar de ofrecer precios más bajos, resultó ser significativamente más costoso en comparación con las licitaciones públicas.
Un ejemplo destacado es el caso del anastrozol de 1 mg, vendido por el laboratorio GP-Pharm. Durante el cuarto trimestre de 2023, se adquirieron 1098 unidades mediante el Convenio Marco a un precio unitario de $13.192, mientras que en el mismo período y del mismo laboratorio, 358 unidades fueron compradas a $924 cada una a través de la Licitación Pública N° 44/22. Esta diferencia de 14 veces el precio ilustra la gravedad de las inconsistencias.
La denuncia también señala otros casos alarmantes:
Durante el tercer trimestre de 2023, el PAMI adquirió 869 unidades de ciclofosfamida de 1000 mg a $5312 cada una mediante el Convenio Marco. En el trimestre anterior, el mismo producto había sido comprado a $1200 por unidad mediante la Licitación Pública N° 79/22, una diferencia de casi cuatro veces el precio.
En otro caso, el letrozol de 2,5 mg (30 comprimidos) fue adquirido a $16.923 cada unidad en el cuarto trimestre de 2023 mediante el Convenio Marco. En paralelo, el mismo medicamento costó $1080 por unidad en la Licitación Pública N° 44/22.
Estas cifras no solo evidencian un uso ineficiente de los recursos públicos, sino también cuestionan la transparencia y la gestión administrativa del PAMI en ese período.
Repercusiones legales y políticas
La denuncia fue presentada ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ahora deberá investigar las presuntas irregularidades. Además, el caso pone en la mira la relación entre el PAMI y los laboratorios farmacéuticos, así como la efectividad de los controles internos en el uso de fondos destinados a la salud de los jubilados.
Urgencia de reformas en la gestión del PAMI
Este escándalo subraya la necesidad de una revisión profunda de los mecanismos de contratación del PAMI. Garantizar la transparencia y la eficiencia en la compra de medicamentos es crucial para proteger los recursos públicos y asegurar que los jubilados reciban el tratamiento que necesitan sin sobrecostos indebidos.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para prevenir irregularidades futuras, fortaleciendo los procesos de licitación y mejorando los controles de gestión. La confianza en las instituciones públicas depende de la capacidad de garantizar un manejo ético y eficiente de los recursos destinados a la salud.