Este martes se registró un escándalo en el ámbito político por una denuncia que representaría un caso de corrupción y enriquecimiento ilícito que involucra a funcionarios del ministerio de Salud de la Provincia. Tras la polémica denuncia, la cartera local aseguró que los funcionarios fueron desplazados de sus cargos y se abrió una investigación interna.
La denuncia fue presentada por Tiago Puente, diputado provincial por el partido UCR en la Fiscalía General contra el Dr. Caleb Carlos Elías Camji, director de la Dirección Provincial de Medicina Social Integral , Ana Gabriela Rizo, Secretaria de Administración de Salud, y por último, Miryam Iris del Valle Carrizo, titular de la firma "M&C Insumos".
Puente sostiene en su denuncia que entre los mencionados, que establecieron una relación de adquisición de insumos, existe una relación personal que compromete la imparcialidad y transparencia en la gestión pública.
Rizo mantendría una relación sentimental y parental con el Dr. Camji, con quien tiene un hijo en común, según denunció el legislador, mientras que Carrizo es madre de Camji.
De acuerdo a la fundamentación en el documento al cual tuvo acceso La Unión, Rizo tiene bajo su responsabilidad diversas áreas clave relacionadas con la gestión y disposición de bienes y recursos públicos, entre ellas: Dirección Provincial de Contabilidad, Dirección Provincial de Servicio, Administrativo Financiero, Dirección Provincial de Servicios, Generales de Salud, y Dirección Provincial de Tesorería de Salud.
Al respecto, la denuncia sostiene: "En este contexto resulta especialmente alarmante que la firma de la madre del Dr. Camji haya sido seleccionada en reiteradas oportunidades como proveedora exclusiva para el suministro de colchones ortopédicos y otros insumos médicos, mediante compras directas aprobadas por la Sra. Rizo, pareja del Dr. Camji, y autorizadas por expedientes administrativos bajo la supervisión del mismo Ministerio de Salud".
Y prosigue el documento: "este entramado de relaciones personales configura un esquema en el cual, se desnaturaliza la función pública, al utilizarse cargos oficiales para direccionar contrataciones en beneficio de familiares directos, vulnerando así el principio de transparencia administrativa, al asignarse fondos públicos sin procesos competitivos claros ni mecanismos que garanticen la imparcialidad."
Por lo tanto, considera que "configura una presunta violación al artículo 265 del Código Penal, que sanciona las negociaciones incompatibles con la función pública, al quedar en evidencia un interés particular que afecta la voluntad administrativa, y en este sentido, no solo se observa una conducta administrativa irregular, sino también un posible aprovechamiento del poder público para favorecer intereses personales y familiares, lo cual debe ser debidamente investigado y sancionado."
Investigación interna: qué dijo el Ministerio de Salud
Tras darse a conocer la denuncia, las autoridades del ministerio de Salud emitieron un comunicado para paliar el escándalo.
Al respecto, aseguraron que se abrió una investigación interna "con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades o hechos delictivos que involucrarían a funcionarios de medio rango, para así esclarecer la situación y determinar posibles responsabilidades."
En sentido, indicaron: "en cumplimiento de los principios de transparencia y ética pública, los dos funcionarios involucrados serán apartados de forma inmediata de sus cargos y hasta tanto prospere la investigación interna y eventuales procesos judiciales"
Y finalizaron: "el Ministerio reafirma su compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y el respeto a la normativa vigente."
