La Cámara de Diputados le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei al rechazar por 138 votos contra 65 (y 2 abstenciones) el Decreto de Necesidad y Urgencia 461/25, una medida que proponía una reestructuración profunda del área de Transporte, incluyendo la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El decreto, ahora derogado, formaba parte del paquete de reformas incluidas en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y había sido justificado por el Ejecutivo como un intento de "reducir el sobredimensionamiento del Estado" y disminuir el déficit fiscal. Sin embargo, encontró una resistencia firme en el Congreso, que impidió su avance.
Qué proponía el DNU 461/25
Disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
Uno de los puntos más controversiales era la eliminación de Vialidad Nacional, organismo autárquico con más de seis décadas de historia.
Argumento oficial: El Gobierno alegaba altos costos operativos, baja eficiencia y un desequilibrio entre personal administrativo y operativo. También señalaba que los tramos concesionados al sector privado mostraban mejores resultados.
Destino de las funciones: Las tareas esenciales de planificación, control y licitación de obras pasarían a áreas específicas del Ministerio de Economía.
Eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
El decreto también incluía la disolución de la ANSV, encargada de coordinar políticas de prevención de siniestros viales.
Justificación oficial: El Ejecutivo consideraba que la Gendarmería Nacional podía asumir las tareas de control en rutas nacionales, lo que permitiría reducir el gasto público.
Reasignación de funciones: Las competencias de la ANSV se transferían a la Secretaría de Transporte, excepto los controles en ruta, que quedaban bajo responsabilidad exclusiva de la Gendarmería.
Reestructuración de la CNRT y la Junta de Transporte
CNRT: La Comisión Nacional de Regulación del Transporte pasaría a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y asumiría también el control de concesiones viales.
Junta de Seguridad en el Transporte: El organismo cambiaría su nombre a Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando sus funciones exclusivamente al transporte aéreo. Las investigaciones en los modos ferroviario, automotor y marítimo serían eliminadas o transferidas a otras dependencias.
Una señal política
La decisión de la Cámara baja no solo representa un freno al intento del Gobierno de avanzar con reformas por decreto, sino que también dejó en evidencia la consolidación de una mayoría parlamentaria opositora capaz de revertir decisiones clave del Ejecutivo.