Una investigación federal iniciada con extrema reserva a fines de 2017 dejó al descubierto la presunta existencia de una pista clandestina utilizada para vuelos ilegales en el norte de la provincia de Santiago del Estero. El expediente, impulsado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), incluyó tareas de inteligencia, operativos encubiertos, testimonios protegidos y pruebas técnicas que confirmaron la presencia de un sector acondicionado para el aterrizaje y despegue de avionetas.
La causa puso el foco en un campo ubicado en el paraje rural conocido como "Ahí Veremos", dentro del departamento Alberdi. Según la hipótesis de los investigadores, ese predio habría funcionado como un engranaje logístico clave dentro de una red de transporte aéreo ilegal, presuntamente vinculada al tráfico de estupefacientes.
En el centro del expediente apareció el nombre de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien fue señalado por testigos como una figura de peso dentro del entramado investigado. La mención de un dirigente de alto perfil del fútbol nacional le dio a la causa una dimensión política y mediática que contrastó con el bajo perfil con el que se manejó el proceso judicial.
Testigos protegidos y pruebas técnicas
El expediente se abrió a partir de las declaraciones de dos testigos que solicitaron reserva de identidad, quienes coincidieron en describir la existencia de una pista clandestina en el predio rural y señalaron que la operatoria incluía maniobras de usurpación de tierras. A partir de esas denuncias, el entonces juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una batería de medidas probatorias que robustecieron la hipótesis inicial.
Entre las diligencias más relevantes se destacó la intervención de la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería Nacional, que desplegó personal encubierto y utilizó drones para relevar la zona. En su declaración ante la Justicia, el jefe del operativo, primer alférez Norberto Omar Ghighlione, aseguró que se logró constatar la existencia de un espacio "apto para el aterrizaje de avionetas", además de movimientos, huellas y equipamiento que no se correspondían con actividades rurales convencionales.
Vuelos irregulares y logística aérea
La investigación se vio reforzada por información aportada por el sistema de Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI), el organismo estatal encargado de detectar vuelos no autorizados. De acuerdo con los registros oficiales incorporados al expediente, entre 2012 y 2018 se detectaron al menos 37 vuelos irregulares en la zona bajo análisis, con un pico significativo de actividad durante el año 2017.
Los fiscales Diego Iglesias y Manuel Matilla también solicitaron la colaboración del Grupo de Vigilancia y Control Aeroespacial de Gendarmería, que aportó datos sobre trayectos aéreos sospechosos que convergían en el área rural investigada. Para el Ministerio Público, el campo funcionaba como un nodo logístico dentro de una red aérea ilegal de alcance regional.
Empresas, nombres y vínculos
El expediente incluyó además referencias a una red de sociedades comerciales vinculadas a Toviggino, entre ellas HT SRL, firma que —según la investigación— habría tenido control operativo sobre el campo. En ese contexto apareció reiteradamente el nombre de Gabriel Gorosito, identificado por Gendarmería como una de las personas que impartía órdenes en el predio y que figuraba como socio o directivo en empresas asociadas al dirigente de la AFA.
Como parte de las medidas probatorias, la Justicia ordenó también el relevamiento de líneas telefónicas, con el objetivo de detectar cruces de comunicaciones que permitieran reconstruir la estructura y el funcionamiento del presunto entramado delictivo.
Un expediente sin cierre
Pese al volumen y la gravedad de las pruebas reunidas, la causa abandonó la jurisdicción de Campana y fue derivada primero a Catamarca y luego a Santiago del Estero, tras surgir conexiones con una organización narco de alcance regional. En ese tramo apareció la figura de Eva Portillo de Quiñones, conocida como "La Tía", una operadora logística del narcotráfico que sería detenida tiempo después.
Con el correr de los años, la investigación perdió impulso y quedó diluida entre cambios de competencia y resoluciones judiciales que nunca llegaron a una definición de fondo. Aun así, el expediente permanece vigente como antecedente clave en causas más recientes, especialmente aquellas que analizan posibles maniobras de lavado de dinero y entramados societarios vinculados a Toviggino.
La pista clandestina de "Ahí Veremos", confirmada por la propia Gendarmería, quedó como una de las pruebas más contundentes de una causa que, pese a su relevancia institucional y judicial, nunca tuvo un cierre definitivo. Un capítulo que sigue flotando en los márgenes del poder político, económico y deportivo del norte argentino.