La tensión entre la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha escalado a un nuevo nivel de confrontación institucional. El titular del organismo regulador, Daniel Vitolo, cruzó duramente a Claudio "Chiqui" Tapia tras el reciente anuncio de la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura, vinculando esta decisión con las maniobras de una dirigencia que, según sus palabras, ha evadido sistemáticamente la rendición de cuentas clara sobre sus estados contables.

Un conflicto de fondo: La opacidad en los balances

Para la IGJ, el parate del fútbol no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de falta de transparencia. Vitolo fue categórico al señalar que la AFA debe brindar "muchas explicaciones" sobre puntos críticos de su administración. La exigencia no se limita solo al uso de los fondos, sino también al cumplimiento de los objetivos de la asociación civil y a las complejas vinculaciones que la entidad mantiene con otras estructuras, como la Superliga.

El reclamo técnico de la IGJ se centra en la presentación de los estados contables. Según el funcionario, la gestión de Tapia ha generado partidas globales con valores significativos sin detallar cómo están compuestas. "Reclamamos lo mismo que le solicitamos a todas las instituciones", afirmó Vitolo, subrayando que esta irregularidad no es nueva, sino que lleva ocho años sin ser resuelta. La insistencia del inspector en este punto incluso le valió una denuncia por parte del director del Consejo Directivo de la AFA.

Cifras bajo sospecha: 459 millones de dólares en la mira

La magnitud del dinero que circula por las arcas del fútbol argentino y que hoy carece de una explicación detallada es, según la IGJ, alarmante. Vitolo desglosó las sumas que el organismo tiene bajo observación directa:

• 111 millones de dólares: Monto correspondiente a partidas globales detectadas en la AFA durante los últimos ocho años.
• 348 millones de dólares: Ingresos netos recibidos por la Superliga entre los años 2020 y 2024 en concepto de administración de al menos dos contratos de transmisiones.
• 7 millones de dólares: Cifra que representa el 2% de retención que la Superliga aplica sobre los ingresos distribuidos a los clubes por tareas de administración.

El funcionario advirtió que, respecto al ejercicio 2025, la Superliga aún no ha presentado sus balances, lo que incrementa la incertidumbre sobre el flujo de fondos actual.

El "pastizal" y la mudanza de sede

Uno de los puntos más controvertidos y que mayor suspicacia generó en la IGJ es el domicilio legal de la entidad madre del fútbol local. Vitolo expresó que ha "perdido la capacidad de asombro", pero manifestó su sorpresa ante el hecho de que una organización que mueve cientos de millones de dólares declare haber establecido su sede social en un pastizal. Más llamativo aún resulta que el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, declare su domicilio personal en ese mismo predio.

Esta situación administrativa se vincula con la estrategia de la AFA para evadir el control de la IGJ. Ante las intimaciones para dar explicaciones, la dirigencia objetó las competencias del organismo nacional, argumentando que ya no se encuentran en la Capital Federal, sino que se han mudado a la Provincia de Buenos Aires. "Nos han abierto muy poco", lamentó Vitolo sobre la nula colaboración recibida.

La conexión Faroni y el contraste de comisiones

La investigación de la IGJ también pone el foco en una maniobra respecto a los contratos internacionales. Vitolo comparó la eficiencia de la gestión propia frente a la tercerización:

• Superliga: Cobra un 2% por organizar torneos, administrar contratos y gestionar pagos de deudas de los clubes.
• Tour ProdEnter LLC: Esta agencia extranjera, vinculada a Javier Faroni, tiene un contrato mediante el cual cobra el 30% por la cobranza de partidos de la Selección o negocios de la marca AFA.

El cálculo del inspector es revelador: si la organización de los torneos y la recaudación de los contratos (que hoy hace la Superliga por 7 millones de dólares) hubiera sido realizada por la empresa de Faroni bajo sus condiciones arancelarias, el costo para el fútbol argentino habría sido de 100 millones de dólares. Ante esta disparidad, la IGJ exige que la AFA explique los fundamentos de este contrato con la agencia extranjera.

Próximos pasos judiciales

La disputa administrativa se encamina hacia una fecha clave. Ante la falta de respuestas satisfactorias, la IGJ ha emitido una nueva intimación para el 11 de marzo. Hasta entonces, la gestión de Claudio Tapia deberá decidir si mantiene el hermetismo o si finalmente desglosa los números de una administración que hoy se encuentra bajo el escrutinio más severo de los últimos años.