El Gobierno de Venezuela acusó este jueves a Argentina de ofrecer un "espectáculo penoso" y de convertirse en "el hazmerreír de la diplomacia global", tras la denuncia presentada por el Ejecutivo de Javier Milei ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo.
El canciller venezolano, Yván Gil, calificó el acto como una muestra de "ignorancia" y "escandalosa falta de seriedad". A través de un mensaje publicado en Telegram, Gil afirmó que "evocar el Estatuto de Roma, claramente desconocido por ellos, para alimentar su obsesión política enferma, es un acto que refleja su errática y fallida gestión".
La denuncia de Argentina ante la CPI
El Gobierno argentino presentó una denuncia formal acusando a Venezuela de la "detención arbitraria y desaparición forzada" de Gallo, asegurando que este hecho constituye una "violación flagrante de los derechos humanos" y evidencia un "patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad" bajo la jurisdicción de la CPI.
En su comunicado, la Cancillería argentina declaró su compromiso de "usar todos los recursos legales y diplomáticos" para garantizar los derechos de Gallo y exigir justicia internacional.
El canciller Gil afirmó que el Gobierno de Milei busca usar los derechos humanos como una herramienta política en una "agenda de extrema derecha golpista y terrorista" contra Venezuela. Además, calificó la denuncia como un intento "desesperado" de justificar los fracasos de su administración.
"El fiasco en que se han convertido solo reafirma su papel como el hazmerreír de la diplomacia global", añadió Gil. También destacó que la justicia no debe ser instrumentalizada para "agendas desesperadas".
Según el Gobierno argentino, Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional, ingresó el pasado 8 de diciembre a Venezuela desde Colombia, atravesando el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, con el propósito de visitar a su pareja venezolana, madre de su hijo.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó que Gallo está detenido en Caracas y se le imputan cargos de conspiración, terrorismo, financiación del terrorismo y asociación ilícita, acusándolo de estar "involucrado en la planificación y ejecución de graves delitos contra la seguridad de Venezuela".
La situación ha generado un nuevo conflicto diplomático entre ambos países, elevando la tensión política en la región.