Un joven de 21 años fue detenido en las últimas horas en González Catán, partido de La Matanza, acusado de emitir amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei a través de redes sociales. La investigación, que se inició en septiembre, estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la fuerza especializada de la Policía Federal Argentina creada durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y orientada a casos de terrorismo, delitos complejos y amenazas contra funcionarios públicos.
El sospechoso, que utilizaba el seudónimo "Martiancorp" en distintas plataformas digitales, había publicado una serie de mensajes en los que anunciaba públicamente su intención de atacar al mandatario. Entre ellos, uno de los más alarmantes decía: "El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina, conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda". La reiteración de estas publicaciones encendió las alertas de la División Seguridad Presidencial de la Policía Federal, que rápidamente elevó el caso al DFI para iniciar una investigación en profundidad.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo de Julián Ercolini, intervino de inmediato y ordenó a la División Delitos Constitucionales de la PFA avanzar en las tareas de inteligencia digital con el objetivo de identificar al responsable detrás del perfil anónimo. A partir de entonces, se desplegó un operativo que incluyó análisis técnicos, seguimiento de direcciones IP, tareas de campo y el monitoreo constante de nuevas publicaciones.
Con el correr de las semanas, los peritos lograron establecer un patrón de actividad vinculado a una zona específica del oeste del conurbano bonaerense. Los rastreos permitieron precisar que las conexiones utilizadas para emitir las amenazas provenían de una vivienda ubicada en la calle Velazco de González Catán. Se trataba del domicilio real del joven, cuya identidad formal fue confirmada tras cruzar datos obtenidos durante el análisis digital.
Reunida la evidencia, el DFI elevó el informe final a la Justicia. Fue entonces cuando el juez federal de Morón, Martín Alejandro Ramos —a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1— ordenó el allanamiento del domicilio señalado. El operativo se llevó a cabo con personal especializado de la PFA, que ingresó al lugar y detuvo al joven sin incidentes.
Durante el procedimiento, las autoridades secuestraron una computadora, un teléfono celular, un router y otros elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados en la publicación de las amenazas. La causa quedó caratulada como "amenazas" y se aguarda que, en las próximas horas, el detenido sea indagado por la Justicia Federal.
El episodio generó repercusión política inmediata. En horas de la tarde del miércoles, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la detención a través de sus redes sociales. "Amenazó de muerte al Presidente en redes sociales. Con el DFI lo rastreamos, identificamos y detuvimos. En esta Argentina no hay lugar para la violencia. El que las hace, las paga", escribió en su cuenta de X.
La causa reflota el debate sobre la responsabilidad penal en el uso de redes sociales, el alcance de la libertad de expresión y la necesidad de mecanismos ágiles para prevenir amenazas contra funcionarios públicos. También pone en evidencia el rol creciente de las unidades de inteligencia digital en la persecución de delitos que se originan en el ámbito virtual. Mientras avanza la investigación, el caso ya se instaló como uno de los episodios de mayor relevancia en materia de seguridad presidencial en lo que va del año.