La Justicia ordenó detener a Ariel Vallejos, dueño de la financiera Sur Finanzas y señalado como un financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión tributaria. La medida fue dispuesta este viernes por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que existen riesgos procesales concretos y que el empresario incumplió las condiciones que debía respetar para permanecer en libertad.
Según la investigación, Vallejos está acusado de ser el presunto jefe u organizador de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. En la misma causa, Tapia se encuentra procesado por evasión, de acuerdo con la información suministrada sobre el expediente.
El magistrado resolvió revocar la excarcelación del financista después de advertir que no habría cumplido ninguna de las obligaciones que le impuso cuando recuperó la libertad. Entre esas condiciones figuraban presentarse durante los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que le habían sido entregados en carácter de depositario judicial.
De acuerdo con la resolución, Vallejos no se presentó mensualmente ante las autoridades, no entregó todos los rodados secuestrados y devolvió otros fuera de término. Para el juez, estos incumplimientos no fueron simples irregularidades administrativas, sino circunstancias que dificultaron el control judicial sobre el imputado.
La situación se agravó cuando el personal judicial intentó notificarlo en el barrio cerrado que había declarado como domicilio. Allí, la seguridad informó que el empresario ya no vivía en ese lugar desde hacía aproximadamente un año.
Posteriormente, Vallejos se presentó ante la Policía y manifestó que residía en Saltalamachia 820, en Banfield, domicilio que también fue confirmado por su madre. Sin embargo, durante diligencias posteriores tampoco pudo ser localizado en esa dirección.
"Esas omisiones no son meros descuidos formales", escribió Rodríguez Ponte al fundamentar su decisión. El juez concluyó que el juzgado no podía establecer con certeza dónde vivía el imputado, una circunstancia que consideró relevante para evaluar los riesgos procesales.
Una causa con nuevas imputaciones
La decisión judicial incluyó también la ampliación de las declaraciones indagatorias de personas y empresas vinculadas con la investigación de Sur Finanzas. Según fuentes judiciales citadas por LA NACION, fueron convocadas a declarar 21 personas y 17 empresas, entre ellas Graciela Beatriz Vallejo, madre del empresario.
La resolución mencionada en la información también refiere a la ampliación de las indagatorias de 16 personas que ya estaban imputadas. En ese contexto, el magistrado extendió las imputaciones contra la madre del financista y contra el resto de los acusados, en función de nuevos hechos incorporados al expediente.
El perjuicio fiscal atribuido a las maniobras investigadas supera los $12.700 millones. La causa busca determinar las responsabilidades penales por una presunta estructura de operaciones financieras, patrimoniales y societarias que, según la hipótesis judicial, habría permitido mover y justificar fondos de origen cuestionado.
Ariel Vallejos deberá permanecer incomunicado hasta que se le tome la ampliación de la declaración indagatoria. Los delitos que se le imputan son:
Asociación ilícita, en calidad de jefe u organizador.
Lavado de activos agravado, por la habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación.
Evasión tributaria.
El juez agregó entre los fundamentos para ordenar la detención que los nuevos hechos ubicarían a Vallejos como jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos investigados. También consideró la gravedad de la eventual pena, que no admitiría una condena en suspenso, y la existencia de vínculos con sociedades y bienes registrados a nombre de terceros.
Otro elemento señalado en la resolución fue la venta de una Ferrari registrada a nombre de una de las empresas del empresario, operación que se habría concretado cuando la investigación ya estaba en marcha.
Sur Finanzas, su vínculo con el fútbol y la AFA
La financiera Sur Finanzas mantuvo vínculos comerciales con instituciones y actividades relacionadas con el fútbol argentino. La firma llegó a ser patrocinadora de la selección nacional y de equipos de Primera División como Racing Club y Banfield. Además, participó en campañas comerciales junto con la AFA, que ofrecían beneficios para la compra de entradas de los partidos de la Selección.
Ese recorrido empresarial forma parte del contexto de la investigación sobre Vallejos, conocido por su cercanía con Claudio "Chiqui" Tapia. Sin embargo, el eje de la medida de detención está puesto en los presuntos delitos económicos atribuidos al financista, las operaciones patrimoniales bajo análisis y los incumplimientos de las obligaciones judiciales.
La investigación no se limita a movimientos de dinero de la financiera. También analiza adquisiciones inmobiliarias, préstamos con garantía hipotecaria, tenencias de efectivo, depósitos bancarios, vehículos de alta gama y operaciones efectuadas a través de sociedades vinculadas con el entorno familiar del empresario.
Una propiedad en Canning declarada por un monto muy inferior
Entre los hechos incorporados a la causa, el juez Rodríguez Ponte señaló la compra de una vivienda en el barrio cerrado Saint Thomas Este Country Club, en Canning. Según la imputación, Vallejos adquirió el inmueble junto con otra persona por US$500.000, abonados en efectivo.
La operación fue escriturada el 6 de julio de 2023. No obstante, de acuerdo con la información del expediente, el empresario declaró ante el fisco esa adquisición por apenas $50 millones.
El magistrado también le atribuyó la entrega de préstamos con garantía hipotecaria cuyos pagos se habrían realizado en efectivo. Las operaciones identificadas incluyen:
US$100.000 en septiembre de 2022.
US$65.000 en junio de 2023.
$13,8 millones en marzo de 2022.
Otro dato observado corresponde a la situación patrimonial declarada al cierre de 2023. Para ese momento, Vallejos tenía $1.010 millones en efectivo, suma que justificó en su declaración jurada bajo el concepto de "compensación de saldos".
Además, el 28 de diciembre de 2023 constituyó un plazo fijo de $100 millones en la Mutual del Agro, la Industria y el Comercio de Santa Fe, que, según la investigación, no declaró. El juzgado también cuestionó una deuda de $99 millones con su madre que Vallejos había declarado en 2022, pero que, de acuerdo con el magistrado, no existía.
Patrimonio, sociedades y las operaciones inmobiliarias
Una parte importante del patrimonio investigado habría quedado registrada a nombre de Cluster Palace Beach SA, una sociedad que, según la descripción judicial, no tenía cuentas bancarias ni ventas significativas. El 90% de la firma pertenece a Graciela Vallejo, madre del empresario, mientras que su presidenta es Bárbara Denise Sena Argis.
A través de esa sociedad se compraron seis unidades inmobiliarias ubicadas en Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por un total de US$600.000 en efectivo. La firma también adquirió un lote en Fincas de San Vicente por US$400.000. De ese monto, un saldo de US$370.000 fue abonado en efectivo mediante diez cuotas mensuales, hasta que se levantó la hipoteca en agosto de 2025.
La investigación también puso bajo análisis operaciones con vehículos de alta gama. En enero de 2024, Vallejos compró una Mercedes-AMG GLE 53 por $79 millones y la vendió nueve meses después por $180 millones.
A esa operación se suma la compra de una Ferrari California, cuyo pago se justificó mediante una carta oferta de Graciela Vallejo por $260 millones y una certificación contable sobre el origen de los fondos. La documentación vinculada con este vehículo integra el conjunto de operaciones patrimoniales que examina el juzgado.
La documentación
Uno de los aspectos centrales de la investigación es la documentación que habría respaldado las operaciones financieras y patrimoniales. El juzgado describió mecanismos de justificación que incluían contratos de préstamo de redacción idéntica, documentos sin la firma del acreedor, deudas que consideró inexistentes, cartas oferta entre partes vinculadas y certificaciones contables.
Para el magistrado, estos instrumentos deben analizarse junto con los movimientos de dinero y las operaciones realizadas a través de las sociedades vinculadas con Vallejos y su entorno familiar. La hipótesis judicial apunta a establecer si esos documentos reflejaban transacciones reales o si se utilizaron para dar apariencia de respaldo a fondos cuyo origen se encuentra bajo investigación.
Un ejemplo señalado en la resolución es un aporte irrevocable de $336,5 millones que Sur Finanzas Group registró a nombre de Graciela Vallejo. Según Rodríguez Ponte, ese dinero no habría sido aportado efectivamente por ella, sino que correspondía a la suma de importes provenientes de otras sociedades.
La investigación también examina las relaciones entre el patrimonio atribuido al empresario, las sociedades utilizadas para registrar bienes y las operaciones que quedaron asentadas en declaraciones fiscales o documentación contable. En ese marco, la ampliación de las imputaciones busca incorporar los nuevos hechos y avanzar sobre la eventual responsabilidad de las personas y empresas mencionadas en el expediente.