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Díaz declaró en contra la explotación laboral

El sindicato de trabajadores rurales (UATRE) rescató a 90 personas que vivían en condiciones inhumanas en el establecimiento Olivares de Poman SA, y en este sentido, la diputada Adriana Díaz se expresó al respecto y advirtió que se podrían ver más de esas situaciones si se legaliza la Ley Ómnibus.

Adriana Díaz
Adriana Díaz

05 Mayo de 2024 09.53

Teniendo en cuenta que recientemente el sindicato de trabajadores rurales (UATRE) rescató a 90 personas que vivían en condiciones inhumanas en el establecimiento Olivares de Poman SA, la diputada Adriana Díaz se expresó al respecto y advirtió que eso “es lo que permitirá el gobierno nacional con sus políticas flexibilizadoras y legalizando a través del DNU y la ley ómnibus, en caso de que se apruebe en el Senado”.

Las 90 personas habían sido encontradas en condiciones deplorables, viviendo sin baños, hacinados y entre ratones. “Esto es lo que será cada vez más habitual, es lo que permitirá el gobierno nacional con sus políticas flexibilizadoras y legalizando a través del DNU y la ley ómnibus en caso de que se aprueben en el Senado”, dijo Díaz.

“Es hacerse los distraídos y no multar como trabajo no registrado  a los explotadores, legalizando de esta manera el trabajo esclavo, trabajo infantil y trata de personas. Van a provocar mayor precarización en un sector en el que ese es uno de los mayores problemas, que desde hace años se busca combatir y disminuir”.

En este contexto señaló que: "en los últimos 4 años en nuestro país,  más de la mitad de las 5400 personas rescatadas de la reducción a servidumbre provenían del ámbito rural. Había programas disponibles para darles ayuda económica, capacitación y reinserción laboral e incluso acceso a viviendas, pero todos estos programas se encuentran paralizados desde que asumió Milei".

“Por esta razón, Gustavo Vera, quien hasta marzo se desempeñó como titular del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, denunció penalmente a la ministra de Capital Humano Sandra Petovello, por negar asistencia a las víctimas de trata, mientras que los gobiernos provinciales hacen lo que pueden”.

El protocolo lo que establece en estos casos es que, en primera instancia interceda  el programa Rescate, "pero el problema es que el gobierno nacional despidió muchísimos trabajadores  del programa y por eso no llega a las provincias.  En segunda instancia, se debe reubicar a las personas a su provincia o lugar de origen y brindar ayuda económica inmediata a través de programas como el Acompañar, el Restituir o el Potenciar que actualmente se encuentran totalmente paralizados o suspendidos”, advirtió la legisladora.

“Se venía mejorando en los últimos años la asistencia a las víctimas de trata o reducción a servidumbre sobre todo en lo que sería `el día después ´ , aparte de la multa y el juicio a los explotadores por trata, pero hoy, si se rescata a una persona se la traslada al lugar de origen y no se la asiste más de ninguna otra forma, a los pocos días estará trabajando en otro campo”, concluyó.