En una semana marcada por causas judiciales que golpean al Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados dio un paso en el control parlamentario al debatir la conformación de una comisión investigadora sobre las muertes provocadas por fentanilo contaminado en hospitales públicos y privados del país.
Según los registros oficiales, al menos 96 personas fallecieron en instituciones sanitarias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Neuquén, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires tras recibir dosis adulteradas.
Antes de la discusión legislativa, familiares de víctimas expusieron en el recinto. Liliana Peralta, madre de Leonel Ayala, fallecido en el Hospital Italiano porteño, reclamó al Congreso "compromiso y acción inmediata" frente a la crisis, además de asistencia psicológica, entrega de historias clínicas y pedidos de informes a los centros de salud involucrados.
En el encuentro de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, los diputados coincidieron en constituir la comisión la próxima semana, con una integración similar a la utilizada en la investigación de la causa "Libra". La idea es elaborar un informe final con información vinculante para la Justicia, que detalle el rol de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, sus posibles nexos con gobiernos provinciales y nacional, y eventuales responsabilidades políticas y materiales en las muertes.
Las diferencias internas no tardaron en aparecer. La UCR pidió ampliar el plazo de trabajo a más de 90 días; el peronismo propuso que la comisión incluya a senadores; y el Frente de Izquierda planteó garantizar la participación de familiares en todas las reuniones. El cuerpo tendría potestad para convocar a funcionarios y exigir documentación a las instituciones implicadas.
En paralelo, la Comisión de Acción Social y Salud Pública ya había aprobado, el 14 de agosto, un dictamen unificado que solicita al Poder Ejecutivo información detallada: cantidad de víctimas discriminadas por edad y distrito, cronología del brote, rol de la ANMAT en los controles, medidas de retiro de los lotes contaminados y antecedentes legales de HLB Pharma y Ramallo. Hasta el momento, el Congreso no recibió respuesta.
Las acusaciones de Ariel García Furfaro
Mientras tanto, en el plano judicial, el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y detenido por la causa, negó responsabilidad en las muertes y descargó culpas en terceros.
"Yo no hice nada", declaró en su indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak. Según su versión, si el fentanilo está contaminado, "las bacterias las puso otra persona", a quien identificó como Andrés Quinteros, su ex mano derecha y apoderado del laboratorio.
García Furfaro afirmó que Quinteros habría intentado sabotear las operaciones debido a conflictos internos y relató un intento de sustracción de 30 ampollas de morfina del laboratorio Ramallo. Incluso sostuvo que testigos lo alertaron sobre un posible "atentado con fentanilo".
El empresario también apuntó contra la ANMAT, a la que acusó de no haber detectado ni advertido a tiempo las infecciones registradas en el Hospital Italiano de La Plata. "Los problemas los maneja el laboratorio con ANMAT. Siempre lo cierra la parte técnica con ANMAT", aseguró.
El juez Kreplak deberá definir en los próximos días la situación procesal de García Furfaro.