La Cámara de Diputados se encamina a una jornada de debate que, salvo que ocurra un imprevisto capaz de modificar las previsiones, contará este miércoles con el quórum necesario para abrir la sesión especial convocada para las 12 del mediodía. El temario incluye proyectos de distintos alcances y promete una discusión prolongada, con posibilidades de extenderse hasta bien entrada la madrugada del jueves.

El oficialismo llega confiado en reunir los legisladores necesarios para habilitar el debate y defender sus dictámenes de mayoría. La oposición, por su parte, espera encontrar oportunidades para imponer alguna de sus iniciativas y conseguir un resultado favorable en temas sensibles, especialmente aquellos relacionados con las personas con discapacidad y los hogares endeudados.

La estrategia opositora quedó resumida en una frase de una diputada nacional de Unión por la Patria, quien explicó a la Agencia Noticias Argentinas (NA): "Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate".

La definición describe la distribución de responsabilidades que anticipa la jornada. Mientras el oficialismo necesita asegurar la presencia suficiente para poner en marcha la sesión, los bloques opositores se preparan para intervenir una vez que el número esté garantizado y disputar la aprobación de sus proyectos.

Después de que fracasara por falta de quórum la sesión opositora del jueves pasado, las condiciones quedaron mejor posicionadas para La Libertad Avanza. El oficialismo incorporó al temario de este miércoles iniciativas propias sobre discapacidad y endeudamiento familiar, dos asuntos que también estaban incluidos en la convocatoria fallida de la semana anterior.

La inclusión de esos proyectos responde, además, a la intención de atraer a los sectores dialoguistas y facilitar la apertura del recinto. Con el quórum como primer objetivo, el oficialismo buscará luego avanzar con sus propuestas y evitar que prosperen las alternativas impulsadas por la oposición.

Propiedad privada: el primer proyecto del orden del día

El debate comenzará con el proyecto proveniente del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos. El texto también ratifica la vigencia de la Ley de Tierras impulsada durante el kirchnerismo, un aspecto que contrasta con la posición que había sostenido el Gobierno meses atrás, cuando se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.

La iniciativa abrirá una discusión que se suma a los asuntos sociales y económicos incluidos en la sesión. Su ubicación al comienzo del orden del día hará que sea el primer tema que deberán abordar los diputados una vez iniciada la deliberación.

El temario incorpora, además, un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, entre ellos el fentanilo. La iniciativa fue trabajada por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la exlegisladora Mónica Fein, y está vinculada con la necesidad de seguir el recorrido de medicamentos de especial riesgo sanitario.

La referencia al fentanilo adquiere relevancia por el brote de ampollas contaminadas que provocó la última gran tragedia sanitaria mencionada en el marco de esta discusión. El proyecto se suma a otra propuesta destinada a endurecer las penas contra el vandalismo rural.

De esta manera, la sesión no se limitará a los dos ejes que concentran el enfrentamiento político entre oficialismo y oposición. También incluirá iniciativas vinculadas con la propiedad privada, el control de medicamentos y la protección de las actividades rurales.

Discapacidad: uno de los grandes debates

Uno de los asuntos centrales será la discusión sobre la política de discapacidad. La Libertad Avanza pretende imponer su propio dictamen para bloquear el proyecto opositor que propone prorrogar por un año la emergencia en discapacidad, hasta el 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa oficialista incorpora el esquema de beneficios previsto en la Ley 27.793 sobre Discapacidad, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esa manera, plantea convertir sus disposiciones en una ley de orden público con efectos permanentes, que excedan los mandatos de los gobiernos de turno.

El dictamen del oficialismo, según la información disponible, fue cerrado a partir de concesiones solicitadas por Argentina Federal y el MID. Por ese motivo, La Libertad Avanza no debería enfrentar mayores dificultades para defender esta propuesta durante el debate.

La oposición, sin embargo, sostiene que mantener la emergencia resulta indispensable porque esa condición impone mayores exigencias a los jueces para resolver de manera urgente las solicitudes de pensión y las compensaciones adeudadas a los prestadores. 

Entre los argumentos que respaldan la prórroga se encuentra la existencia de 324.303 solicitudes de pensión pendientes, además de pagos que todavía no se habrían efectuado a prestadores. Desde la oposición consideran que extender la emergencia permitiría exigir respuestas judiciales perentorias ante esas situaciones.

También cuestionan aspectos específicos del proyecto oficialista. Según sostienen, la propuesta mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, al tiempo que endurece los requisitos para acceder a las prestaciones.

A esas objeciones suman otros puntos:

La evaluación para acceder a una pensión y su compatibilidad con el trabajo quedarían sujetas a la reglamentación.

Las pensiones podrían suspenderse sin debido proceso, mediante un simple cruce de datos, según advierte la oposición.

El proyecto no garantizaría el financiamiento necesario.

Tampoco aseguraría el pago de la deuda con los prestadores.

No resolvería el atraso arancelario del 30,67%.

Los sectores opositores aseguran contar con el respaldo del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), de organizaciones de y para personas con discapacidad, del Foro Permanente Discapacidad, de asociaciones de prestadores y transportistas y de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal.

"Lo de ellos es muy regresivo, por eso las organizaciones están a favor de nuestro pedido", afirmó la diputada nacional de Unión por la Patria consultada por la Agencia Noticias Argentinas.

Morosidad familiar: dos modelos para enfrentar las deudas

El proyecto sobre morosidad familiar aparece como uno de los puntos más inciertos de la sesión. A diferencia de lo que ocurre con la propuesta sobre discapacidad, el escenario para esta discusión permanece abierto y, según las previsiones, casi cualquier resultado podría producirse durante el debate.

El dictamen de mayoría fue firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR. Su enfoque se concentra en brindar información detallada sobre los créditos a los usuarios para prevenir situaciones irregulares, pero no establece tasas máximas ni contempla planes de refinanciación para los deudores críticos.

En contraposición, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan un proyecto denominado "Ley de regularización y alivio financiero", que propone declarar la emergencia durante 180 días e implementar un régimen de refinanciación de deudas.

La propuesta opositora establece que podrán adherir las personas que registren una mora superior a 60 días y mantengan deudas por montos de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2. Según el valor consignado en la iniciativa, ese límite equivale actualmente a $3.265.010.

El plan contempla refinanciar las obligaciones en un mínimo de 12 cuotas. Además, establece que el importe de cada cuota no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona endeudada.

Los principales parámetros del proyecto son:

Duración de la emergencia: 180 días.

Mora requerida: más de 60 días.

Monto máximo de deuda para adherir: dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes a $3.265.010.

Plazo de refinanciación: al menos 12 cuotas.

Límite de la cuota: hasta el 30% de los ingresos de la persona.

La diferencia entre ambas iniciativas se encuentra en el alcance de las respuestas propuestas. Mientras el dictamen oficialista prioriza la información sobre los créditos y la prevención de irregularidades, el proyecto opositor plantea intervenir sobre las condiciones de pago mediante refinanciaciones y un límite relacionado con los ingresos de los deudores.