En un intento de control de daños, el Gobierno modificó su posición respecto de la legislación vinculada con la discapacidad. El oficialismo no solo dio marcha atrás con parte de lo publicado la semana pasada en el proyecto de Presupuesto 2027, sino que también mantuvo los artículos centrales de la prórroga de la emergencia, una iniciativa que había sido impulsada por los bloques más críticos, y volvió a presentar su proyecto legislativo con algunas modificaciones.
Desde sectores opositores describieron el cambio como un "giro de 180 grados", aunque la desconfianza hacia las intenciones de la Casa Rosada todavía persiste. Uno de los principales motivos de esa cautela es que el nuevo proyecto continúa conviviendo con el capítulo 6 del Presupuesto, cuyos contenidos avanzan en sentido contrario a la reciente iniciativa.
La continuidad de ese capítulo quedó vinculada al compromiso del oficialismo de eliminarlo, una condición que forma parte del escenario de negociación en torno al nuevo texto.
Con ese marco, el oficialismo consiguió finalmente las 42 firmas necesarias para obtener un dictamen de mayoría, con el respaldo de distintos bloques aliados.
El respaldo de los aliados y el dictamen opositor
El dictamen de mayoría reunió las firmas del oficialismo junto con las de representantes del Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los bloques provinciales de Elijo Catamarca, Independencia y la Neuquinidad.
En paralelo, la oposición avanzó con un dictamen de minoría que reunió 36 firmas. De ese total, 29 correspondieron a Unión por la Patria, cinco a Provincias Unidas, una a la izquierda y otra a Elijo Catamarca. La composición de ambos dictámenes refleja las diferencias que todavía atraviesan la discusión y, al mismo tiempo, la importancia de los bloques que participaron de las negociaciones para definir el texto que finalmente logró avanzar.
En particular, el espacio Argentina Federal, encabezado por Oscar Herrera Ahuad, optó por acompañar al Gobierno, aunque lo hizo en disidencia. Su posición estuvo vinculada precisamente con las dudas que todavía genera la letra chica de la iniciativa.
La disidencia no impidió el avance del dictamen oficialista, pero dejó expuesto que el respaldo de los aliados no fue necesariamente un aval sin reparos al contenido definitivo del proyecto.
La actualización de las prestaciones
Uno de los aspectos que concentra las mayores dudas es el mecanismo mediante el cual se actualizarán las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. Hasta último momento, el Poder Ejecutivo se reservó la posibilidad de no explicitar de manera directa cómo se realizaría esa actualización, pese a que los aliados habían reclamado que quedara establecido de forma mensual y tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El proyecto de La Libertad Avanza (LLA) remite, en cambio, al artículo 7 bis que había sido eliminado del Presupuesto y que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores de acuerdo con el índice de movilidad vinculado al IPC.
Ese punto fue precisamente uno de los motivos centrales de la disidencia de Herrera Ahuad. El planteo apunta a que el texto tenga mayor claridad jurídica y evite cualquier ambigüedad que pueda dejar abierta la posibilidad de eventuales decisiones discrecionales por parte del Poder Ejecutivo.
Los reclamos de los aliados también incluyeron la necesidad de que el propio Presupuesto incorpore la partida correspondiente a Discapacidad, con un mecanismo de actualización trimestral.
El aporte de Herrera Ahuad al texto oficialista
Las negociaciones terminaron otorgando un peso significativo a los planteos de Argentina Federal. Desde el propio entorno libertario reconocieron que "el 80% del dictamen es de Herrera Ahuad", en referencia a la cantidad de aportes que el diputado realizó al texto que terminó impulsando el oficialismo.
El proyecto había sido discutido durante una reunión con los aliados y terminó de cerrarse durante la mañana posterior a esas conversaciones. Previamente, los representantes libertarios se habrían reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Aunque no trascendieron mayores detalles de ese encuentro, el oficialismo ya había dejado entrever que necesitaba contar con el último aval de la Casa Rosada, especialmente después de los cortocircuitos registrados durante la semana anterior con la Cámara de Diputados a partir del envío del proyecto de Presupuesto.
La secuencia de negociaciones muestra así el cambio de posición del Gobierno y la necesidad de alcanzar acuerdos con los bloques aliados para garantizar el avance de la iniciativa.
Qué mantiene el proyecto sobre discapacidad
El oficialismo presentó la nueva iniciativa como un proyecto "superador" y mantuvo dentro de sus disposiciones herramientas vinculadas con las personas con discapacidad.
Entre los puntos contemplados se encuentran:
- El otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Las pensiones no contributivas por invalidez.
- Un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima para esas pensiones.
- La continuidad del beneficio en caso de que el beneficiario consiga un empleo, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos.
- La incorporación de un cronograma de pagos sobre las compensaciones por la emergencia, a partir de un reclamo del Pro.
La inclusión de este último punto representa uno de los aportes reclamados por el partido amarillo durante las negociaciones.
El Pro marcó límites al Gobierno
El Pro, que acompañó el dictamen, aprovechó el debate para expresar públicamente sus diferencias con el oficialismo. El vínculo entre ambos espacios se había resentido durante las negociaciones, y el partido que conduce Cristian Ritondo utilizó el nuevo escenario para fijar posición.
"En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones", señaló el bloque en un comunicado difundido a través de las redes sociales.
El mensaje marcó una advertencia sobre el alcance de los cambios presupuestarios y dejó en claro que el respaldo parlamentario al nuevo proyecto no implica un acompañamiento sin condiciones a la política oficial.
"Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites", sentenció el Pro.