El Senado respaldó con un amplio consenso el proyecto de ley de discapacidad, una iniciativa que mantiene los principales beneficios establecidos en la legislación de emergencia que vence a fin de año y que busca garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad. El oficialismo pretende avanzar con su sanción definitiva durante la sesión prevista para el 19 de noviembre, en el marco de una negociación parlamentaria que involucra a distintos sectores políticos.

El dictamen que avala el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados recibió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. El respaldo alcanzado representa un paso relevante para una iniciativa que procura establecer un marco normativo permanente, más allá de la vigencia temporal de la actual ley de emergencia.

La propuesta será debatida este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. Ambas comisiones son presididas por el libertario Agustín Monteverde y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.

El objetivo central del proyecto es sostener las herramientas de protección social, laboral y sanitaria destinadas a las personas con discapacidad, al tiempo que se establece un esquema de financiamiento, actualización de prestaciones y controles periódicos.

Bullrich destacó el rol del Congreso y la integración laboral

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el sentido del acuerdo alcanzado y sostuvo que la búsqueda de una salida a la emergencia debe constituir una responsabilidad institucional del Congreso.

"El objetivo de superar la emergencia le ha dado a este Congreso un rol de encontrar una salida y no la pelea permanente", expresó la senadora, al referirse al proceso legislativo que permitió reunir apoyos de distintos bloques. Bullrich también puso especial énfasis en la necesidad de mantener la compatibilidad entre la pensión por discapacidad y el empleo. Según remarcó, el trabajo constituye una herramienta fundamental para favorecer la integración y la autonomía de las personas con discapacidad.

En esa línea, destacó la continuidad de los beneficios destinados a los empleadores que contraten trabajadores por tiempo indeterminado, así como el mantenimiento del régimen de empleo protegido y la cobertura de salud.

"Si hay algo que ayuda a superar los problemas que puede tener una familia con personas con discapacidad es que puedan trabajar y ser integradas en la totalidad de sus posibilidades", afirmó.

La posición de Bullrich se vincula con uno de los aspectos centrales de la iniciativa: evitar que el acceso a una pensión por discapacidad implique una incompatibilidad automática con el desarrollo de una actividad laboral formal, dentro de los límites de ingresos previstos por el proyecto.

La continuidad de las prestaciones

La aprobación de la ley constituye un punto clave para que el Gobierno pueda responder a los reclamos de los bloques aliados, que exigen una norma capaz de garantizar la continuidad de las prestaciones para las personas con discapacidad una vez que venza la legislación de emergencia.

La ley que actualmente establece ese marco fue sancionada el año pasado por la oposición y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Frente a ese antecedente, la nueva iniciativa busca establecer un esquema permanente que permita sostener los beneficios contemplados en la normativa.

Desde el bloque Justicialista, la senadora Juliana Di Tullio confirmó el acompañamiento al dictamen y puso el foco en la necesidad de brindar certezas frente al vencimiento de la emergencia.

"Vamos a acompañar este dictamen para que haya certezas y para que el 31 de diciembre la emergencia en discapacidad no se caiga", señaló.

Di Tullio también destacó la importancia de sostener la defensa de las personas con discapacidad y sus familias. "Vale la pena seguir peleando porque a las personas con discapacidad y a sus familias no se las lleva puestas nadie", añadió.

Vigo cuestionó la falta de consulta a los sectores involucrados

Aunque el proyecto reunió un amplio respaldo, también hubo cuestionamientos. Una de las pocas legisladoras que expresó objeciones a la iniciativa votada en el Senado y anticipó que solicitará modificaciones fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

La legisladora cuestionó el procedimiento de elaboración y tratamiento de la propuesta, al considerar que no se consultó a los organismos y organizaciones vinculados directamente con la temática de discapacidad.

"Este proyecto de ley no fue tratado con los responsables en el tema de discapacidad. Empezando por Estado nacional, que es la autoridad de aplicación y debe procurar los fondos, y siguiendo por las organizaciones del COFEDIS que tampoco fueron consultadas", apuntó.

Su planteo se concentró en la participación de los organismos responsables de la aplicación de la política de discapacidad y en la intervención de las organizaciones del COFEDIS, que, según sostuvo, no fueron convocadas durante el tratamiento del proyecto.

Una norma permanente que reemplaza el esquema de emergencia

El proyecto con media sanción de Diputados lleva el nombre de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad". La iniciativa replica prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público, con efectos que trasciendan a los gobiernos de turno.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la posibilidad de mantener la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que se respeten los límites de ingresos establecidos.

El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y contempla una pensión equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.

Los principales aspectos del régimen previsto son:

Compatibilidad laboral: permite percibir una pensión no contributiva por discapacidad y desarrollar un empleo formal o estar inscripto en el monotributo.

Límite de ingresos: los ingresos no podrán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Alcance: el beneficio comprende a los titulares del Certificado Único de Discapacidad.

Nomenclador único: conserva el principio de un sistema unificado para las prestaciones.

Actualización de aranceles: ratifica la actualización automática y periódica de los valores de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cobertura médica: garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

Financiamiento, auditorías y compensaciones 

El proyecto también establece disposiciones específicas en materia presupuestaria. En ese sentido, determina que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

La iniciativa incorpora, además, un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre distintos organismos del Estado. El mecanismo deberá involucrar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

El esquema de control deberá desarrollarse bajo el principio del debido proceso inclusivo, de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

Por otra parte, a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria destinada a atender las compensaciones adeudadas a los prestadores. La disposición establece un cronograma para el pago de esas obligaciones y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Con estos componentes, el proyecto busca consolidar un sistema de discapacidad que mantenga las prestaciones esenciales, establezca mecanismos de financiamiento y actualización, contemple la integración laboral y garantice la continuidad de los beneficios más allá de la emergencia vigente.

El amplio consenso alcanzado en comisión y el acompañamiento de distintos bloques parlamentarios constituyen el respaldo político con el que el oficialismo buscará avanzar hacia la sanción definitiva el 19 de noviembre, antes del vencimiento de la ley de emergencia previsto para el 31 de diciembre.