El Gobierno oficializó la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), un organismo creado en 1999 para coordinar la actualización de normas del Código Alimentario Argentino (CAA). La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 538/2025, que también establece una reestructuración en el sistema de control de alimentos del país.

Según el texto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Mario Lugones (Salud), la decisión apunta a simplificar estructuras, evitar la superposición de funciones y agilizar los procesos vinculados a la producción y comercialización de alimentos.

El decreto sostiene que organismos como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), ya cuentan con las capacidades técnicas necesarias para asumir las tareas que desarrollaba la CONAL, sin necesidad de mantener la estructura administrativa de la Comisión.

"Las funciones de coordinación y actualización del CAA pueden ser asumidas de forma más eficiente por estos organismos", señala la norma, que además remarca que la eliminación de la CONAL "no implica un menoscabo en la protección de la salud de la población ni en la calidad y sanidad de los alimentos".

La medida se enmarca en un proceso de revisión integral de entes del Sector Público Nacional, con el objetivo de lograr una gestión "más austera, eficaz y orientada a resultados", señala el Ejecutivo.

A partir de ahora, las actualizaciones del Código Alimentario quedarán en manos del Ministerio de Salud —a través de la ANMAT— y del Ministerio de Economía —por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca—. Ambos organismos serán responsables de resolver las modificaciones necesarias para adaptar las normas a los avances científicos y a los acuerdos internacionales, especialmente del MERCOSUR.

El decreto también autoriza a convocar a expertos para asesoramiento técnico, quienes deberán presentar sus informes en un plazo máximo de 15 días hábiles desde su designación.

En paralelo, la normativa deroga varios artículos del Decreto 815/1999, entre ellos el que creaba las cabinas sanitarias únicas para el control físico de alimentos en tránsito, consideradas obsoletas por la digitalización de los trámites. Asimismo, se eliminan disposiciones sobre campañas de prevención, que ahora quedarán bajo la órbita de cada organismo según su competencia, y se suprimen procedimientos duplicados o sin vigencia.