El abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, denunció que la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), derivada de los audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo, se convirtió en una "expedición de pesca".
"Con un audio que no sabemos si es real se disparó una verdadera caza de brujas. No sabemos si los audios son verídicos, creo que siquiera están incorporados como prueba. Después vino una expedición de pesca en la que el juez, a propuesta del Ministerio Público Fiscal, salió a encontrar lo que fuera, con allanamientos nocturnos y secuestro de teléfonos particulares", declaró en diálogo con Yo no fui por Radio Con Vos.
Críticas a los allanamientos
Magram también cuestionó los procedimientos judiciales realizados en la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker. Según afirmó, las medidas judiciales podrían tener consecuencias en la cadena de suministro de medicamentos en el país.
"La orden contenía mucha información y lo que se llevaron pone en jaque el funcionamiento de la empresa. Puede perjudicar el abastecimiento de medicamentos en todo el país, porque se llevaron prácticamente toda la información, no solo la vinculada a contrataciones con ANDIS", advirtió.
Antecedentes de la causa
El letrado recordó que, en febrero, el juez Sebastián Casanello, con dictamen del fiscal Carlos Rívolo, había instado al archivo de una denuncia "casi espejo" a la actual. Esa causa se había originado a partir de la presentación de una ONG que acusaba a la droguería de mantener vínculos con los Menem como intermediarios de contrataciones directas con la ANDIS.
"En esa investigación se concluyó que la empresa no tuvo trato diferencial ni contratación directa con el organismo", remarcó Magram.
Privacidad de la familia Kovalivker
El abogado también explicó por qué la familia no entregó las claves de los teléfonos incautados: "Un teléfono contiene información sensible. No se niegan a brindar las claves porque tengan algo que ocultar, sino porque allí hay fotos familiares, videos privados y datos personales. La Dirección General de Investigaciones seguramente podrá acceder al contenido y comprobar que no hay nada".
Magram insistió en que la exposición pública a la que fue sometida la familia, con la difusión de videos íntimos y personales, constituye un escarnio injustificado.
